Tres años y medio de prisión por un delito de estafa y hasta ocho años de cárcel por un delito de homicidio en grado de tentativa. Son las penas elevadas ayer por el Ministerio Fiscal y la acusación para el hombre juzgado por la sustracción de 19.500 euros a un amigo mientras se encontraba ingresado en la UCI de Can Misses en estado de coma.
El presidente de la sección segunda de la Audiencia Provincial dejó ayer el caso visto para sentencia tras escuchar la interpretación de los hechos aportada por Alejandro G.J.P, de 33 años, una versión «kafkiana», en palabras de la acusación, y diametralmente opuesta al resto de testimonios.
Según el relato de los hechos, el acusado aprovechó el ingreso de la víctima en la UCI de Can Misses para realizar una transferencia a su favor de 19.500 euros, dinero «que incorporó a su patrimonio sin que tuviera intención alguna de devolver dicha cantidad».
Entre enero de 2015 y mayo de 2016, el acusado convivía con la víctima, que sufría problemas de salud. Alejandro le hacía compañía y logró «ganarse la confianza hasta conseguir que le otorgase un poder notarial en virtud del cual le permitía, entre otros extremos, realizar operaciones bancarias».
En la vista celebrada ayer, Alejandro G.J.P., rechazó cualquier acuerdo de conformidad y ante la sala reconoció haberse transferido los 19.500 euros de la cuenta del afectado. En su defensa, argumentó que esa cantidad era la que le correspondía por los cuidados prestados durante tres meses.
Estafa y tentativa de homicidio
Durante la vista también declaró por videconferencia la víctima, quien subrayó que el acusado le había arruinado la vida y casi acaba con ella.
La sala también escuchó las declaraciones de los facultativos que atendieron a la víctima en Can Misses y del responsable de la Policía Nacional que investigó el caso.
Los médicos explicaron que la víctima ingresó en un estado muy grave y que durante su estancia en la UCI sufrió unas mejorías y recaídas extrañas. La acusación particular apuntó que este cuadro podría responder a un envenenamiento. Preguntados por esta posibilidad, los facultativos explicaron que en aquellos años el hospital no tenía los medios necesarios para aclarar este extremo.
Por su parte, el responsable de la investigación policial advirtió que todos las actuaciones realizadas por el acusado apuntaban a un hecho delictivo.
El Ministerio Fiscal mantuvo su petición de tres años y medio de prisión, pero califica el delito como estafa en lugar de apropiación indebida. Por su parte, la acusación particular solicita un total de 8 años de prisión por los delitos de homicidio en grado de tentativa, coacciones y estafa. En concepto de responsabilidad civil la acusación reclama 28.000 euros. A los 19.500 euros suma otros 6.000 que el acusado extrajo en dos operaciones en cajeros automáticos y el cobro de otros 1.500 más correspondientes a la pensión de un mes de la víctima.
El letrado de la acusación, Lorenzo Peñas, hizo hincapié en que las «malas intenciones del acusado iban más allá» ya que, según relató, el acusado viajó a Suiza para hacerse con 59.000 euros que la víctima tenía en un fondo de pensiones, un hecho que ratificó la investigación policial y que el acusado no negó, una operación que no pudo realizar porque la Policía ya estaba al tanto de sus intenciones.