La Audiencia Provincial celebra hoy martes la vista previa del juicio contra un senegalés acusado de tráfico de drogas en Sant Antoni en julio de 2019. La Fiscalía le solicita una pena de cuatro años de prisión.
Según relata el Ministerio Fiscal, el acusado, nacido en Senegal en 1981, fue localizado alrededor de las 4.20 horas el día de los hechos en Sant Antoni. Los agentes encontraron en su poder distintas cantidades de drogas que, según la acusación, estaban destinadas a su venta a terceras personas.
Entre las sustancias intervenidas figuraban 6,38 gramos de MDMA, distribuidos en diferentes comprimidos y bolsas, además de 1,717 gramos de cocaína y 2,84 gramos de cannabis. El escrito detalla las distintas muestras analizadas y sus respectivas riquezas, así como el valor que Fiscalía atribuye a las sustancias en el mercado ilícito.
El Ministerio Público sostiene además que el acusado disponía de 32 ampollas metálicas de óxido nitroso, junto con globos utilizados para la inhalación de este gas y un dispensador manual. La Fiscalía señala en su escrito que el óxido nitroso puede provocar efectos narcotizantes y que, a elevadas concentraciones, puede producir asfixia, mientras que a bajas concentraciones puede ocasionar vértigos, dolor de cabeza, náuseas y pérdida de coordinación. Su administración prolongada, añade la acusación, puede causar anemia y neuropatía, además de reducir la producción de leucocitos.
A partir de estos hechos, Fiscalía considera que la conducta del acusado es constitutiva de un delito contra la salud pública por sustancias que causan grave daño a la salud, previsto en el artículo 368 del Código Penal, y de otro delito contra la salud pública relacionado con sustancias nocivas para la salud, previsto en el artículo 359.
Por ello, la Fiscalía solicita que se le imponga una pena de cuatro años de prisión, con la correspondiente inhabilitación especial para el derecho de sufragio pasivo durante el tiempo de la condena, además de una multa de 800 euros, con responsabilidad personal subsidiaria en caso de impago.
El Ministerio Público reclama asimismo el decomiso del dinero intervenido y la destrucción de las sustancias estupefacientes y psicotrópicas una vez exista una sentencia firme que así lo acuerde.
La acusación incorpora también las pruebas que pretende presentar en el juicio, entre ellas el interrogatorio del acusado, la declaración de agentes de la Guardia Civil y los correspondientes informes periciales sobre las sustancias intervenidas.