La Audiencia Nacional ha anunciado la citación de Marc Pons, exjefe de gabinete de Teresa Ribera, y Juan Ignacio Díaz Bidart, quien ocupó el mismo cargo con Reyes Maroto, como testigos en el llamado 'caso hidrocarburos'. El juez instructor, Santiago Pedraz, ha fijado estas declaraciones para el 28 de enero, en el contexto de la investigación sobre la red criminal organizada en torno a la compañía Villafuel, presuntamente dedicada a delitos fiscales con hidrocarburos.
La resolución judicial también contempla nuevas citaciones como investigados: Claudio Rivas, considerado presunto cabecilla de la trama, tendrá que acudir de nuevo ese mismo día. En la agenda también aparecen Víctor de Aldama (29 de enero) y las empresarias Carmen Pano y su hija Leonor González (30 de enero). Según la investigación, Pano habría declarado haber entregado 90.000 euros en la sede del PSOE en Ferraz, mientras que González está implicada en retiradas sustanciales de efectivo.
Implicación de altos funcionarios
El dispositivo de la UCO señala que la trama se logró infiltrar en diferentes ministerios clave, entre ellos Transportes, Industria y Transición Ecológica, aprovechando conexiones como las de Víctor de Aldama con responsables gubernamentales. El objetivo, según los informes, era facilitar que Villafuel obtuviera la autorización para operar en el mercado mayorista de hidrocarburos, "pese al incumplimiento de los requisitos legalmente exigidos", a cambio de contraprestaciones económicas.
Para los investigadores, tanto Aldama como Rivas "ostentaban la decisión, el control y la coordinación de ambas estructuras", actuando como líderes visibles de una organización criminal especializada en delitos contra la Hacienda Pública en el sector petrolero. Las operativas iban acompañadas de sociedades instrumentales diseñadas para el blanqueo de capitales generados ilegalmente.
Esquema de fraude y evolución de la organización
El análisis de la UCO describe cómo desde 2020 la red recurrió a almacenes fiscales para comprar combustible y evadió el IVA repercutido a las gasolineras. Aprovechando la complejidad legal en la obtención de licencias de operador, los responsables interpusieron otras empresas para ocultar a los verdaderos dirigentes y evitar posibles sanciones administrativas.
El esquema, según los atestados, comenzaba con la adquisición de una operadora mayorista, que solo pagaba impuestos especiales, pero omitía la obligación de ingresar el IVA obtenido de las ventas minoristas. Con el paso del tiempo y el aumento de la presión judicial, los responsables incluyeron nuevas mercantiles en la cadena, dificultando la trazabilidad de las operaciones y la persecución de los fondos defraudados.