El juez Manuel García Castellón ordenó ayer la destitución de todo el Consejo de administración del Atlético de Madrid, incluido su presidente, Jesús Gil y Gil, y nombró a un administrador judicial, mientras continúa la investigación por delitos de estafa, apropiación indebida, entre otros. El magistrado investiga una querella contra Gil, su hijo Miguel Angel, director general del Club, y otras cinco personas más por el supuesto fraude de unos 4.000 millones de pesetas y una presunta defraudación o apropiación indebida, desde 1992, de cerca de 9.000 millones. En el auto notificado hoy el juez revela que existen indicios de que entre 1992 y 1997 «los querellados se han apropiado de dos mil setecientos millones de pesetas del Atlético de Madrid, cantidad adeudada y saldada mediante la cesión al Club de los derechos económicos y deportivos de cuatro personas supuestamente futbolistas profesionales». Relata que «una sola de ellas es jugador de fútbol», aunque su valoración en el mercado deportivo «es nula o evidentemente muy inferior a la pretendida». Precisamente el juez ha citado como testigos para el próximo día 30 a estos cuatro supuestos jugadores. Limamou Mbengue (senegalés sin trabajo), Bernardo Matías Djana (trabajador de la construcción angoleño en paro), Abass Muyiwa Lawal (incorporado como suplente al Atlético B en 1998) y Maximiliano de Oliveira Texeira (quedó vinculado al Club en el equipo B).
García Castellón señala en el auto que acuerda la administración judicial porque «la actividad delictiva no se ha detenido y los querellados siguen detentando de hecho, y aparentemente de derecho, la posición personal y el efectivo control de la sociedad mercantil a través de la que delinquieron».