El Gobierno central considera que las restricciones del Govern a la instalación de grandes superficies son inconstitucionales y ha presentado una advertencia previa al recurso ante el Tribunal Constitucional.
El Gobierno considera inconstitucionales 6 artículos de la Llei de Comerç, aprobada el pasado mes octubre. Sus advertencias afectan a dos puntos sustanciales de la ley: la consideración de gran superficie y las condiciones para conseguir una licencia.
El Gobierno entiende que Balears debe cumplir la legislación y no está de acuerdo con que se considere que un comercio es gran superficie cuando sobrepasa los 700 metros cuadrados. El Ministerio advierte que la superficie mínima para que un comercio tenga la consideración de gran centro comercial es de 2.500 metros. Ello implicaría un reducción de las restricciones para que las grandes cadenas comerciales si instalen en las islas.
La segunda advertencia del Gobierno tiene que ver con el procedimiento para autorizar nuevas grandes superficies. La ley autonómica establece que, si a los seis meses desde que se presentó la solicitud no ha habido respuesta de la Administración, se entenderá que la solicitud está denegada.
Esta disposición va en contra de la legislación básica estatal, que considera que el silencio administrativo es siempre silencio positivo, es decir, que si la Administración no responde en el plazo establecido, se entenderá que el interesado cuenta con la autorización.