El juez del caso Nóos, José Castro, ha iniciado los trámites para ejecutar las fianzas de responsabilidad civil a los acusados que no las han cubierto, incluida la infanta Cristina, solicitando que aporten un listado de bienes susceptibles de embargo.
Castro fijó fianzas por la posible responsabilidad pecuniaria por un total de 61,35 millones de euros para los acusados en esta causa de presunta corrupción en torno al Instituto Nóos.
En el caso de Iñaki Urdangarin, la cuantía que marcó es de 13,6 millones de euros y para la infanta asciende a 2,7 millones.
Urdangarin y su exsocio Diego Torres ya depositaron durante la fase de instrucción de la causa una fianza conjunta de 5,9 millones de euros para cubrir posibles responsabilidades.
Ilegalidades en la contratación
Además, el duque de Palma descarga en la administración pública las presuntas ilegalidades cometidas con la contratación del Instituto Nóos para la celebración de unos eventos por los que la entidad cobró hasta 6,2 millones aseverando que Nóos no tuvo «margen negociador» con las instituciones balear, valenciana y madrileña.
Así lo pone de manifiesto en su escrito de defensa, al que ha tenido acceso Europa Press, en el que subraya que es la Administración pública la que disfruta de un «imperium» y de «poderes exorbitantes» ajenos a los particulares que contratan con ella, y que le permiten configurar y redactar sus contratos de forma unilateral.
«Resulta inverosímil afirmar que los particulares imponen a las Administraciones públicas y a las diversas entidades del sector público la forma jurídica de contratación. La realidad de las cosas es bien distinta», subraya, rebatiendo de este modo las acusaciones vertidas contra él, entre otros, por la Fiscalía Anticorrupción -que reclama 19 años y medio de cárcel para Urdangarin- y Manos Limpias -su petición se eleva a 26 años y medio-.
En su escrito, de 86 páginas, el letrado del Duque, Mario Pascual Vives, subraya en esta línea que es la Administración contratante «la que decide cuándo, cómo, por qué y con quién contrata», y son sus servicios jurídicos «los que tienen que verificar la adecuación y precisión en el cumplimiento de lo pactado o, en caso contrario, exigir las responsabilidades administrativas que procedan».
Y en este caso, asevera, «no es sólo que la Administración no haya exigido ninguna responsabilidad sino que, además, el éxito de los eventos realizados hace que la Administración lleve a cabo una nueva colaboración con el Instituto Nóos, a fin de repetir los satisfactorios resultados que los iniciales eventos tuvieron».