El titular del Juzgado de Instrucción número 3 de Palma, José Castro, ha iniciado este martes la ronda de interrogatorios en torno al presunto amaño en el proceso de adjudicación del hospital de referencia de Balears, Son Espases, y lo ha hecho con la declaración como imputada de Aina Castillo, quien fuese consellera de Salud durante la última legislatura de Jaume Matas. Posteriormente declarará también como imputado el exdirector gerente del Servicio Balear de Salud (Ib-Salut) Sergio Bertrán (12.00).
Sus nombres, entre otros, figuran en la querella que el pasado mes de julio interpuso la Fiscalía Anticorrupción por delitos de prevaricación, falsedad documental y fraude a la administración pública a raíz de las supuestas irregularidades que rodearon a la licitación de una de las principales obras públicas impulsadas durante el último mandato de Matas.
Castillo, 'arrepentida' en esta causa, ya prestó declaración por estos hechos ante el Ministerio Público y relató cómo Matas le había dado indicaciones para que la oferta ganadora recayera en manos de OHL, presidida por el exministro Luis Miguel Villar Mir -también imputado-, a pesar de que finalmente fue la UTE formada por Dragados -perteneciente a ACS-, FCC, Melchor Mascaró S.L. y Llabrés Feliu S.A. la que se hizo con el contrato de las obras.
Por su parte, el exconcejal de Urbanismo de Palma Javier Rodrigo de Santos, quien también se ha prestado a colaborar con las investigaciones, recordó en su comparecencia que Matas pidió una «cantidad importante» de dinero al empresario y presidente de ACS, Florentino Pérez, a cambio de serle adjudicada la construcción del hospital.
De hecho, en otra declaración, De Santos precisó que el PP balear, bajo el mandato de Matas (2003-2007) y con la connivencia del partido a nivel nacional, exigía un 3 por ciento en comisiones con cada adjudicación pública. Y según recordó, la formación reclamó nueve millones de euros a cambio de la concesión de las obras para la construcción de Son Espases.
Pese a que el presupuesto inicial de los trabajos fue de 635 millones de euros, los investigadores se toparon con un elevado sobrecoste sobre el que han puesto la lupa, ya que el proyecto salió finalmente a concurso por 778,4 millones de euros.
El juez Castro retomará los interrogatorios de imputados el 16 de septiembre, día en que interpelará al propio Matas así como al propietario de la consultora Global PM, Jesús Peinado. Ya el 17, será el turno del asesor de Global PM, Luis Francisco Piña, y de Villar Mir, mientras que el 18 declararán el director de hospitales de OHL, José Magán, y el extesorero del PP balear Fernando Areal.
22 testigos citados
También a lo largo de ese mes han sido citados hasta un total de 22 testigos en el marco de la misma causa, entre quienes se encuentran el exconcejal de Urbanismo de Palma Javier Rodrigo de Santos, quien comparecerá el día 23, además de exaltos cargos de la Conselleria de Salud, empresarios y miembros de la mesa de contratación que adjudicó los trabajos de construcción.
Más en concreto, el 21 de septiembre declararán Javier Vázquez, Pilar Ramos, Eduardo Inda y Antonio Nicolau, y el 22 será el turno de Carlos García, Joaquín Marcelo Fenollosa, Francisco José Moranta, Santiago Pérez y Juan Antonio Esteban.
El 23 han sido citados Gabriel Sampol, Esteban Bardolet y Rodrigo de Santos; el 24, la exjefa de gabinete de Matas, María Umbert, el jefe de Servicio de la Asesoría Jurídica del Servicio de Salud de las islas, Francisco Ferrer, Margalida Ensenyat y Luis Alegre; el 25, Antonia Estarellas, Bernando Salvá, Juan Seguí y José Corcoll, y el 29 Alfredo Rubén Fernández y José María Fiol.
Adjudicación en la que «la perversión alcanza su máximo exponente»
En su querella, admitida por Castro el pasado mes de julio, el fiscal Pedro Horrach asevera cómo en el concurso para la construcción y explotación del hospital «la perversión alcanza su máximo exponente» y asegura tajante que tras la «realidad formal» de este expediente administrativo hay «una falsa apariencia de corrección y pulcritud, bajo la que subyacen maniobras criminales fraudulentas para manipular el concurso con finalidades espurias».
En su denuncia, el fiscal recalca asimismo cómo en este proceso se da el «paradigma» con el que «con demasiada frecuencia se amoldan intereses económicos y políticos en una espiral donde el interés público es la última razón a considerar o no tiene cabida».
Y en cuanto a los presuntos autores de los hechos, apunta que fue Matas quien «ordenó la manipulación del concurso» a través de Aina Castillo, Sergio Beltrán y el presidente de la Mesa de contratación, Juan Sanz, «para beneficiar ilícitamente» a la Unión Temporal de Empresas (UTE) liderada por OHL.
Demanada de OHL
Como consecuencia de estos hechos, OHL interpuso una demanda en mayo de 2007 contra la decisión adoptada en último término por el Ib-Salut, así como contra el encargo de este organismo público para que los Colegios Oficiales revisaran la valoración económica de las distintas ofertas.
En su demanda, la promotora alegaba que en el informe definitivo de julio de 2006 realizado por Global PM se afirmaba que, aun siendo la más cara, la mejor oferta era la de OHL «pues la diferencia en la oferta técnica es enorme». Pese a ello, recriminaba que el Colegio de Ingenieros alterase el sistema de calificación y apuntase a Dragados como la mejor opción, desconociéndose el autor del informe técnico elaborado por esta institución.
Sin embargo, la demanda fue desestimada recientemente por el Juzgado de lo Contencioso-Administrativo número 1 de Palma, que confirmó la adjudicación a Dragados, un fallo que coincide en el tiempo con las investigaciones que, de forma paralela, está llevando a cabo la Fiscalía Anticorrupción.