La concejala de Seguridad del Ayuntamiento de Sant Antoni, Neus Mateu, denunció este miércoles las dificultades que tienen los consistorios para poder luchar contra el problema de las fiestas ilegales. Dificultades como el hecho de que ni las policías locales ni los inspectores pueden acceder al interior de las villas en las que suelen celebrarse si no tienen permiso del promotor.
«El problema es cuando no puedes entrar», destacó Mateu, «hay policías incluso que han estado investigados por entrar en estas fiestas». Y subrayó que «es un trabajo muy complejo y arriesgado para los policías locales».
Mateu se pronunció de este modo tras conocerse que los promotores de la fiesta ilegal celebrada en una villa de Sant Mateu el pasado mes de junio han abonado una sanción de 180.000 euros por el evento. La propuesta de sanción inicial, de 300.000 euros, era la máxima prevista. Sin embargo, tras aceptar los hechos y comprometerse a no presentar alegaciones, ha sido rebajada en un 40 %, tal y como prevé la ley. «Ya lo han pagado», confirmó la concejala.
Neus Mateu explicó que, con respecto a esta fiesta, «se hizo un trabajo muy profesional y complejo» por parte de la Policía Local de Sant Antoni y del inspector del departamento de Actividades. Al poder acceder al momento al interior de la villa, el inspector y los agentes, en coordinación con la Guardia Civil, pudieron comprobar que se estaban incumpliendo normas relativas a cuestiones como la seguridad, el medio ambiente y el orden público. Además de otras relacionadas con cuestiones urbanísticas, dado que la villa se encontraba en suelo rústico y en una zona protegida. «Era una fiesta sin autorizaciones, sin técnicos de seguridad, sin control acústico», precisó Mateu, «no contaban con nada. Por eso se ha podido imponer la sanción máxima».
La concejala de Seguridad también recordó que no es sencillo conocer dónde se celebrarán este tipo de fiestas ilegales. En ocasiones, la única información de la que se dispone es la del punto de encuentro en el que han sido citados los asistentes. En otras, el destino inicialmente indicado cambia por otro. Todo ello a pesar de que «hay colaboración entre todos los cuerpos y fuerzas de seguridad en este sentido». «No siempre se puede acceder a la información», según precisó, «en el caso de la fiesta de Sant Mateu, el hecho de que el promotor se identificara ante los agentes de la Policía Local facilitó las cosas. Otras veces ni te abren la puerta y, si lo hacen, has de averiguar quién es el propietario y a quién se la ha arrendado».
Mateu, finalmente, explicó que en la persecución de las fiestas ilegales el objetivo está también en las empresas que suministran el material y los servicios para que estas puedan desarrollarse. «En Sant Mateu había muchas empresas subcontratadas», según reconoció. Y recordó que la colaboración de los vecinos de las villas, que son los principales afectados, es fundamental para poder acabar con esta lacra: «Cuando se localizan rápido es porque los vecinos nos avisan. También lo hacen algunos taxistas. Todos pueden ayudar a acabar con este problema», concluyó.
Y para que tenemos entonces un "ejército de intruismo" de 7,2 millones de euros al año ? ' Decir que no se puede "hacer nada" es abrir la puerta a estas fiestas. ' Por lo que díganlo abiertamente y así los de aquí podemos alquilar una casa o el que la tenga, poner música y ganar dinero también, y así pagar los impuestos con los reciben sus sueldos de políticos, y no solo que vengan los de fuera y se lleven el dinero calentito.