La portavoz adjunta del grupo parlamentario del PSIB, Bel Oliver, ha defendido este lunes la decisión del Govern de aplazar el pago de la carrera profesional a los funcionarios de la comunidad en la necesidad de priorización de los gastos ante la financiación «deficitaria» y cuentas «paupérrimas» de Balears.
Oliver ha detallado en una rueda de prensa al ser preguntada sobre este tema que el ejecutivo balear tiene un orden de prioridades, que comienza con quienes «no tienen ni para comer», sigue por los desempleados, las personas en situación precaria, y finalmente por los que tienen trabajo y mejores condiciones.
Ha afirmado que sin embargo, todos los asuntos y los números se pondrán sobre la mesa entre las partes interesadas.
En alusión a las críticas de varios sectores a la puesta en marcha de la Facultad de Medicina de la Universidad de las Illes Balears (UIB) anunciada por el Govern, Oliver ha apuntado que la implantación del grado para 2016 supondrá un gasto de 600.000 euros frente al presupuesto «elevadísimo» de 2.000 millones de euros que tiene la Conselleria de Salud.
«Es una cuestión recurrente, hay distintas reuniones y se pondrán sobre la mesa los números y las cuestiones técnicas», ha apuntado la portavoz.
La diputada socialista ha pedido también el voto del resto de grupos parlamentarios mañana en el pleno a la proposición no de ley socialista en la que se pide la mejora de las inversiones de los Presupuestos Generales del Estado (PGE) para las islas, que pretende «hacer un mínimo de justicia para situar a Baleares en la media en inversión».
Ha recordado que la inversión per cápita en las islas se sitúa en 142 euros por habitante, por debajo de la media de 238 euros.
La iniciativa se centra en «resolver los problemas reales de la ciudadanía», ha defendido Oliver, y pretende dar soporte a las enmiendas que ha presentado el PSOE en el Congreso por 451 millones de euros que servirán para depuradoras, infraestructuras hidráulicas, y la tarifa plana aérea que se quiere implantar en Baleares.
Los socialistas buscan con esta proposición que «el Parlament levante la voz contra unas cuentas que castigan a Balears», en vista de que las islas no han recibido 1.200 millones de euros pendientes de las inversiones estatutarias, ni se ha flexibilizado el límite de déficit, no se ha mejorado el sistema de financiación autonómica, ni existe un nuevo régimen especial (REB).