La reforma de la Ley de Enjuiciamento Criminal (LEC) aprobada por el Gobierno de Mariano Rajoy y que entrará en vigor en diciembre, ha generado numerosas críticas entre los profesionales jurídicos de Balears. La norma impone a los jueces plazos para la instrucción y modifica el término judicial ‘imputado', que pasará denominarse ‘investigado' en una primera fase y ‘encausado' si se mantiene la acusación, entre otras cuestiones.
En una primera valoración, los juristas entrevistados por Ultima Hora afirman que la limitación de los plazos de instrucción de las causas «favorecerá al delincuente y generará impunidad».
Rafael Perera, abogado, presidente del Consell Cosultiú y exmagistrado del TSJB, explica que la reforma de la LEC «es un parche».
Álvaro García, delegado de la Unión Progresista de Fiscales (UPF) en Balears, redactor del comunicado que la UPF estatal remitió a todos los medios de conmunicación, subraya que «hay prisas para encajar esta ley como sea».
Martín Aleñar, decano de los abogados de Balears, afirma que limitar los plazos de instrucción de las causas «no es la solución».
Pedro Horrach, fiscal anticorrupción, señala que el establecimiento de plazos «supone un parche más en la ley procesal».