La consellera de Salud, Patricia Gómez, ha explicado este martes que los inspectores de la Dirección General de Salud Pública están estudiando si el fraude cometido por la empresa Volkswagen puede tener consecuencias sancionables por las emisiones de CO2 y los efectos nocivos para la salud de la población.
Gómez ha asegurado en respuesta a una pregunta en el pleno del Parlament sobre el escándalo por la manipulación de las emisiones de gases en motores diesel de la empresa de automoción que «la alarma generada por este asunto exige coordinación de las administraciones».
Ante estos hechos que Gómez ha calificado como «muy graves», la consellera ha explicado que existe un acuerdo europeo en virtud del cual en cada país se centralizan las informaciones a través de un ministerio.
En el caso de Baleares, la Dirección General de Consumo se coordina con la Agencia Española de Consumo, que a su vez rige la coordinación a nivel estatal y europeo.
«Además los inspectores de la Dirección General de Salud Pública están valorando si el fraude cometido por la empresa puede tener consecuencias sancionables por las emisiones de CO2 y los efectos nocivos para la salud de la población», ha detallado la consellera.
Dicho análisis determinará «si se debe tomar alguna medida para defender los derechos de los consumidores», y Gómez ha asegurado que la administración actuará en consecuencia.
La diputada del grupo parlamentario de Podemos Montserrat Seijas ha reclamado a la consellera que se subsane el daño a consumidores de las islas, a lo que la consellera de Salud ha respondido que aún se debe concretar el número total de afectados, el impacto sobre los consumidores y sobre la salud pública y valorar además la reparación del daño económico que hace la empresa.
«No podemos actuar sobre concesionarios ni empresas de venta de vehículos de segunda mano porque el problema está en el origen, de ahí la importancia de la coordinación entre las administraciones», ha reiterado Gómez.