La decisión del Govern de asumir la formación para parados de forma directa e impartirla en los institutos de las Islas con personal propio ha provocado malestar entre las academias de formación privada, que han desarrollado esta función durante años. Agrupados bajo la asociación CECAP, han denunciado que se sienten «marginados» por el actual Ejecutivo, que los ha dejado «fuera del sistema».
En Balears hay alrededor de 30 academias que se dedican a la formación de parados, de los que dos «ya están al borde del cierre», según explicó Inés Ybarra, miembro de CECAP. Y es que además de quedarse sin apenas actividad, el Govern acumula una deuda de ocho millones de euros desde el año 2010, según indicó.
Reconoció que el cambio de estrategia en la formación de desempleados del Govern responde a una «cuestión ideológica», según les explicó el conseller de Treball, Iago Negueruela. «Respetamos esta decisión», señaló Ybarra, quien, en cambio, cuestionó el procedimiento. Según su opinión, «se vulnera la ley estatal 30/2015 de libre concurrencia». En este sentido, detalló que la citada ley «indica explícitamente que la formación subvencionada deberá otorgarse en concurso competitivo entre entidades públicas y privadas salvo ocasiones excepcionales».
Asimismo, las academias privadas lamentan el «trato diferenciado» con los institutos, que recibirán el 100 % del coste de los cursos al principio, mientras que los centros solo reciben el 60 %.
Esas academias y sindicatos que se inventaban cursos y tal hata los 3200 millones de euros en Andalucía y otras partes de España se quejan ahora. Es lo que tiene ir de honrados y clavarla hasta el fondo.