El Consell de Govern ha aprobado este viernes el proyecto de ley para la implantación en 2016 de la renta social garantizada, una ayuda dotada en su primer año de aplicación de 20 millones de euros que se destinará a unas 3.000 familias sin recursos.
La ley, que desarrolla un acuerdo del ejecutivo de coalición anunciado en octubre, será remitida al Parlament para su tramitación y aprobación por vía de urgencia, según ha explicado tras la reunión semanal del gabinete la consellera de Servicios Sociales, Fina Santiago.
Se prevé que entre 9.000 y 12.000 personas en riesgo de exclusión social se beneficien de la renta social garantizada, que estará dotada con una media mensual de 684 euros.
Esta iniciativa, recogida en el acuerdo de gobernabilidad que suscribieron tras las elecciones del 24 de mayo el PSIB, Podemos y MÉS, supone el reconocimiento de un nuevo derecho, el primero de ámbito autonómico, ha destacado Santiago.
La renta social garantizada, cuya implantación será progresiva y que podrá complementar otras prestaciones sociales o salarios por debajo del mínimo previsto en la nueva ley, comenzará a aplicarse el año próximo para familias con menores sin ingresos.
Las personas con pocos recursos que no cumplan los criterios establecidos para la nueva prestación social básica en 2016 seguirá vigente la renta mínima de inserción, ha aclarado Santiago.
«El Govern no solo está recuperando derechos perdidos, sino que apuesta por crear nuevos derechos» de protección social, ha insistido la consellera, que ha prometido que en años sucesivos se irán ampliando los fondos para extender el número de beneficiarios de la renta social.
Por otro lado, el Govern ha aprobado un Plan de Financiación de los Servicios Sociales que ordena las aportaciones que, a través de los consells insulars, realiza el ejecutivo regional para los servicios sociales comunitarios básicos de los municipios.
Se destinarán 11,5 millones de euros de los que 8,9 millones corresponderán a Mallorca, 1,3 millones a Ibiza, 1 millón a Menorca y 160.000 euros a Formentera.
El plan unifica los convenios que se venían suscribiendo de forma separada para los programas de prestaciones básicas, de integración de inmigrantes y de apoyo a la familia y la infancia.
Además, el Consell de Govern ha aprobado establecer un mínimo del 3 % de reserva del derecho a participar en los procesos de contratación pública para centros especiales de empleo, empresas de inserción y programas de empleo protegido.
Finalmente Santiago ha anunciado la aprobación del proyecto de derogación de la llamada Ley de Protección de la Maternidad, que según la consellera «no aporta nada».
Ha recordado que esta norma se aprobó en la pasada legislatura con el único apoyo del PP y solo preveía la puesta en marcha de un teléfono de información para embarazadas y la elaboración de un plan de apoyo a la familia que no se llevó a cabo.