La letrada de Manos Limpias, Virginia López Negrete, ha reclamado este lunes que no se conceda un «privilegio de inmunidad» a la infanta Cristina, como a su juicio propugnan en el juicio del caso Nóos su defensa, la Fiscalía y la Abogacía del Estado.
En la sesión de cuestiones previas con la que ha arrancado el juicio de Nóos ante la Audiencia de Palma, López Negrete ha reprochado a la Abogacía del Estado que, en nombre de la Agencia Tributaria, se arrogue «el monopolio» de la defensa de los intereses de la Hacienda Pública.
La letrada de Manos Limpias, que mantiene en solitario la acusación por colaboración en dos delitos contra Hacienda, ha subrayado que la Ley de Enjuiciamiento Criminal equipara a la acusación popular con la particular en muchos preceptos, lo que a su juicio la legitima para acusar a la hermana del Rey sin que lo hagan la Fiscalía ni la Abogacía del Estado.
López Negrete ha rebatido también los principios jurisprudenciales, doctrinas conocidas como Botín y Atuxa, que han expuesto la defensa de la infanta Cristina, el fiscal y la abogada del Estado para negar su legitimidad y ha recalcado que la acción popular en un derecho constitucional.
López Negrete ha dicho que la llamada doctrina Atutxa corrigió la que lleva el nombre del fallecido banquero al decir que cuando se ha producido una acusación sobre unos hechos delictivos no pude ser aplicada esta doctrina Botín.
Según López Negrete, los hechos son que se han defraudado más de 120.000 euros en los ejercicios 2007 y 2008, y en el caso de la doctrina Botín se consideró que no había delito y se archivó la causa entera porque se entendía que los hechos no eran delictivos.
La letrada ha incidido en que, en este caso, independientemente de que la infanta Cristina siga en este juicio o no, el juicio va a seguir adelante y lo que piden la defensa de la infanta, el fiscal y la abogacía del Estado es un sobreseimiento parcial.
López Negrete ha dicho que el ministerio público y la Agencia Tributaria sí que se sienten perjudicados en el caso Nóos, y que será en el juicio donde se deberá determinar en qué calibre y si por el autor o el cooperador, por lo que la doctrina Botín «es total y absolutamente inaplicable».
Según López Negrete, el delito fiscal es «pluriofensivo» ya que atenta contra el derecho de la Agencia Tributaria como recaudadora y «cobijadora» de lo pagado, pero también contra los titulares de los impuestos que son «todos los ciudadanos» y que han visto mermado su bolsillo por esos presuntos delitos fiscales.
Ha pedido al tribunal que permita a Manos Limpias ejercer la acusación popular contra la infanta en virtud de ese bien jurídico colectivo y del derecho que la Constitución da a todos los españoles para personarse y querellarse ejecutando la acción popular.
La abogada ha asegurado que al decidir sobre las cuestiones previas, el tribunal de la Audiencia de Palma va a debatir la permanencia de la acción popular en el ordenamiento jurídico.
Por otro lado, el abogado de la acusación popular ejercida por el Partido Socialista del País Valenciano, Eduardo Vila, ha pedido al tribunal que desestime los argumentos de la defensa del exvicealcalde de Valencia Alfonso Grau contra su legitimación.
Ha expuesto que los delitos de los que acusa a Grau (prevaricación, malversación, fraude y tráfico de influencias) son contra la administración pública, y la titularidad del interés de defender la gestión pública corresponde a toda la ciudadanía y cabe, por tanto en la figura de la acusación popular.