El Govern de Francina Armengol se ha encontrado con otro contratatiempo a la hora de cumplir con la Ley de Transparencia de Mariano Rajoy. Tras la negativa del Consell Consultiu a convertirse en el organismo que garantiza el acceso de los ciudadanos a la información pública, el problema ha saltado ahora a la Abogacia de la Comunitat.
Varios miembros de este órganismo consultivo han presentado alegaciones al proyecto de decreto que pretende atribuirle estas funciones y alertan de que la norma puede ser nula de pleno derecho. El decreto tenía que haberse aprobado en el Consell de Govern de la pasada semana pero quedó aparcado como consecuencia de estas discrepancias. Tampoco está previsto que se apruebe en la reunión de este viernes.
En las alegaciones presentadas por este grupo de la Abogacía se insiste en que no se puede pedir el órgano asesor jurídico del Govern que tome decisiones que afectan a otras instituciones, como los consells o ayuntamientos. También consideran que debería ser la Conselleria de Transparència, y no la Abogacia de la Comunitat, quien asuma estas funciones.