El Parlament ha aprobado este martes una iniciativa del PI por la que se insta a las administraciones públicas implicadas a velar por el cumplimiento de la normativa vigente en materia de venta ambulante, y a acordar los cambios normativos y los protocolos de actuación y coordinación necesarios para luchar de forma eficaz contra la venta ambulante ilegal.
La iniciativa del PI ha recibido el apoyo del resto de partidos de la cámara legislativa tras aceptarse las propuestas planteadas por otros grupos políticos.
En concreto, las administraciones públicas interpeladas por esta propuesta son el Govern, los consells insulars, los ayuntamientos y la Delegación del Gobierno de las Illes Balears.
También se insta al ejecutivo autonómico a crear una mesa de coordinación entre las diferentes administraciones con el fin de actuar de forma conjunta y de coordinar a las fuerzas de seguridad ante la entrada en las islas de productos ilegales, y también para desarrollar una lucha conjunta contra la falsificación de productos.
El portavoz del PI en el Parlament, Jaume Font, ha advertido de que «con la venta ilegal perdemos todos».
«No es sólo un problema económico y de competencia desleal, es también un grave problema social; la dignidad de las personas pasa por tener trabajo, por tener papeles, por su regulación», ha dicho Font.
El PI ha aceptado las enmiendas de los grupos enfocadas a una mayor prevención y coordinación y ha renunciado a que se establezcan sanciones para los consumidores.