La diputada del PP Sandra Fernández ha criticado la falta de planificación del Govern para poner en marcha la renta social garantizada y ha reprochado a la consellera de Servicios Sociales, Fina Santiago, que en campaña dijera que tendría 6.000 beneficiarios y ayer reconociera «que la perciben 181».
Fernández ha recordado que la consellera de Servicios Sociales y Cooperación dijo ayer que además de las 181 personas que cobran la renta social, hay 252 expedientes pendientes de analizar, de los que el 60 % se descarta por no cumplir los requisitos, cifra que queda «muy lejos de las 4.000 familias a las que la consellera se refirió en diciembre de 2015, cuando se aprobó el proyecto de ley», ha informado el grupo popular en un comunicado.
Esta reducción de personas beneficiadas se ha traducido en una reducción drástica de lo gastado por el Govern por este concepto, pasando de los 20 millones de euros presupuestados para 2016 a los 2 millones que Santiago reconoció ayer haber gastado.
«Los primeros anuncios de la renta social garantizada los hizo la actual consellera durante la campaña electoral y hablaba de destinar 60 millones y de llegar a todas las personas que lo necesitasen. Después llegaron los matices post electorales y la cifra se rebajó a los 20 millones y solo para familias con hijos menores», ha reprochado Fernández.
Sobre el anuncio de ampliación de dicha renta a partir de 2017 a otros perfiles que no lleguen al ingreso mínimo de subsistencia que marca la Ley de Renta Social (de 523,51 euros este año), Fernández ha señalado que Santiago reconoció que no dispone de una estimación aproximada del número de beneficiarios totales que podrían cobrarla.
Ha recordado que la consellera admitió que si pensaban que en Baleares había más de 6.000 núcleos familiares sin ningún tipo de ingresos, la demanda ha sido mucho menor.
Fernández se ha preguntado «qué clase de estudios se realizaron para cifrar esa cantidad, que pocos meses después es totalmente diferente» y ha criticado la falta de planificación en la puesta en marcha de la renta, «lo que ha impedido que se hayan podido incorporar más perfiles de beneficiarios desde el inicio de su implantación».
La diputada popular ha reclamado al Govern que aclare a qué destinará los 18 millones de euros de ahorro entre lo gastado y lo presupuestado para el pago de la renta en 2016 y ha pedido que dicha cantidad se destine a políticas sociales este mismo año.
«Queremos saber qué hará el Govern con esta cantidad y pedimos que se destinen a políticas sociales antes de que concluya el año», ha reivindicado Fernández.