Una testigo ha confirmado, en la declaración que este martes ha prestado ante el juez José Castro, que su padre, Ildefonso Pérez, prestó 600.000 euros al propietario de la constructora Bruesa, Antonio Pinal, quien presuntamente sufragó la adquisición de la sede del PP balear a cambio de adjudicaciones públicas. El magistrado trata de averiguar si el préstamo se destinó a financiar la compra de forma irregular.
Tal y como han señalado fuentes jurídicas, la declarante, funcionaria de la Administración del Estado, se ha reafirmado así en la comparecencia que llevó a cabo hace más de un año en dependencias policiales, donde llegó a señalar que, puesto que los fondos transferidos no figuraban en la contabilidad de Bruesa, «sería para hacer cosas en negro». Junto a ella también ha declarado como testigo el abogado de su padre.
Varios oficios de la Policía Nacional, cuyo secreto levantó recientemente el instructor en el marco de la pieza 28 del caso Palma Arena, señalan que Pérez, socio de Pinal, llevó a cabo la operativa de préstamo el 21 de julio de 2004, cuando sacó el dinero en efectivo de una oficina de Sa Nostra y procedió a llevarlo en una mochila a otra sucursal de la misma entidad en el Polígono Son Fuster para ingresarlo de forma fraccionada en la cuenta de Bruesa.
La Policía hace constar además que la directora de esta última oficina, en base a la declaración efectuada en la Jefatura Superior por la hija de Pérez, era «una tal Marga», mujer del que fuera diputado del PP en el Parlament Joan Huguet.
En uno de sus oficios, el Grupo de Delincuencia Económica hace hincapié en el hecho de que la cantidad prestada prácticamente coincida con los 602.067 euros a los que ascendió el precio abonado por la sede del PP (511.539 euros), más los gastos de tramitación (79.620) y de constitución del préstamo hipotecario (10.907).
De hecho, entre la documentación manejada por los agentes figura la escritura de compraventa otorgada a favor del PP, en cuyo nombre actuaban su exsecretario general José María Rodríguez y su extesorero y cuñado de Matas, Fernando Areal y en la que constaba cómo 60.101 euros fueron abonados en efectivo, mientras que los 451.438 restantes fueron aplazados y abonados mediante dos cheques bancarios nominativos.
Los investigadores apuntan a que los pagos para la reforma de la sede corrieron a cargo de Pinal a cambio de resultar favorecido con distintas adjudicaciones públicas durante el último mandato de Jaume Matas (2003-2007).