La funcionaria del municipio mallorquín de Artà acusada de apropiarse de hasta 65.080 euros de las multas que imponía el Ajuntament en materia urbanística ha asegurado, durante el juicio que ha arrancado este lunes por estos hechos, que no se quedó con «ninguna cantidad».
En su declaración ante el tribunal del jurado que juzga a la encausada en la Audiencia Provincial de Balears, ha asegurado que «para mí estaba todo bien, pero por lo que se ve algo falta. Tenía muchísimo trabajo y a lo mejor no presté la atención que debía», si bien ha incidido en que no se apropió de ningún importe. «Trabajaba a salto de mata», ha abundado entre lágrimas.
En concreto, la Fiscalía reclama seis años de cárcel para la acusada por un supuesto delito de malversación, quince años de inhabilitación y la devolución de los fondos de los que se apoderó. Por su parte, el consistorio considera que se apropió de 33.000 euros.
La funcionaria, auxiliar administrativa, era la encargada de tramitar los expedientes de infracción urbanística y entre sus funciones se encontraba la de cobrar los importes de las multas impuestas. Tras ello, la acusada debía ingresar el dinero en el banco, en la cuenta corriente del Ajuntament.
La inculpada ha manifestado que a veces llevaba «un volumen tan grande de trabajo que guardaba el dinero en el cajón» y ordenaba a un compañero que «lo ingresara».
Por su parte, su abogado, Jaime Campaner, ha asegurado al inicio de la vista oral que su patrocinada «no ha cometido ningún delito, y si se ha cometido ella no es la autora. Las cosas son las que son, no las que queramos que sean, y verdad sólo hay una».
En su intervención ante los miembros del jurado, el letrado ha recriminado la «escasa consistencia» de la acusación: «no es seria». De hecho, ha hecho hincapié en que ni siquiera las acusaciones «se ponen de acuerdo entre sí, por lo que no están seguras».
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