El Parlament ha aprobado este martes la creación de la Oficina de Prevención y Lucha contra la Corrupción de las Illes Balears, un órgano dirigido a dificultar e investigar conductas irregulares en el ámbito de las administraciones locales, insulares y autonómicas.
El pleno de la cámara legislativa ha dado el visto bueno a la ley con el voto favorable de PSIB, Podemos y MÉS y el apoyo parcial del PP, El Pi y Ciudadanos, reticentes respecto al régimen sancionador contemplado en la norma y la posibilidad de que el director de la Oficina Anticorrupción sea nombrado por mayoría absoluta y no cualificada.
La consellera de Transparencia, Cultura y Deportes, Ruth Mateu, ha defendido la independencia de la oficina, que dependerá administrativamente del Parlament, y ha subrayado que el régimen sancionador previsto se centra en reprimir la falta de colaboración.
«La corrupción se tiene que combatir desde diferentes frentes y con diferentes mecanismos», ha resaltado Mateu, quien ha aclarado que las labores de la oficina acabarán una vez los asuntos se pongan en manos de la justicia.
La consellera ha resaltado el deber que tienen los partidos políticos de trabajar para «restaurar la confianza de los ciudadanos» y ha hecho un llamamiento a los grupos para impulsar el nuevo órgano de control con la mayor unidad posible.
El diputado del PP Juan Manuel Lafuente ha lamentado que por intereses partidistas la izquierda pierda «la oportunidad de crear una Oficina Anticorrupción verdaderamente independiente».
Lafuente, que ha reprochado el rechazo de la petición de su grupo de que el régimen sancionador se sometiera a un dictamen del Consell Consultiu, ha considerado que la posibilidad de que la mayoría parlamentaria imponga a una persona afín para dirigir la oficina «es un pecado original que difícilmente podrá subsanarse».
El portavoz socialista en el debate, Vicenç Thomàs, ha apuntado que el nuevo ente de investigación complementa a los órganos de control administrativo y a los estamentos judiciales que «han demostrado sus limitaciones», como prueba la proliferación de casos de corrupción en las islas en la última década.
El diputado socialista ha puesto de relieve algunos aspectos de la ley como que la oficina podrá investigar, además de a los empleados y administraciones públicas, a las entidades que reciban fondos de éstas, y también que gestionará un registro único de declaraciones patrimoniales.
Aitor Morrás, de Podemos, ha referido una larga lista de casos de corrupción relacionados con el PP, expresión última del «capitalismo de amiguetes» característico de Balears.
El portavoz de MÉS per Mallorca David Abril ha coincidido con su compañero de MÉS per Menorca Nel Martí en que la previsión legal de que el director de la oficina pueda ser designado por mayoría simple del Parlament en segunda vuelta es necesaria para evitar un bloqueo del organismo pero no implica que vaya a estar politizado.
El parlamentario de El Pi Josep Melià ha incidido, por contra, en que «hay un riesgo evidente de utilización partidista» del nuevo departamento anticorrupción.
Xavier Pericay, de Ciudadanos, que como Melià y el PP ha reclamado sin éxito que la ley obligara a elegir al director por mayoría cualificada, ha afirmado que «no hay nada peor para una sociedad que la corrupción».
Que casualidad, la oficina en el mismo parlament. Por si hay que consultar si es necesario investigar a alguien o hay que hacer la vista gorda? Y lo de el pacte de la conga de oponerse a pasar por el consell consultiu? Esto que es para que luego tengan que ir haciendo parches a la ley, montar comisiones para corregirla (mas dinero y mas dietas). Si es que donde no hay...