Los arquitectos del Palma Arena, Jaime y Luis García-Ruiz, han justificado numerosos gastos elevados en materia de viajes, comidas y otras cuestiones que abonaron durante las obras de construcción del velódromo y han coincidido en que nadie de la administración les pidió que rindieran cuentas.
Ambos han vuelto a prestar declaración como investigados ante el juez de Instrucción número 3 de Palma, José Castro, en el marco de la investigación de gastos complementarios, no directamente vinculados a la construcción de la infraestructura, en la pieza número 20 del caso Palma Arena.
Los dos arquitectos han dado explicaciones por separado sobre las facturas por las que les han preguntado una por una.
Han asegurado que todos los trabajos abonados se llevaron a cabo, han coincidido en justificar los demás gastos y han explicado que los pagaban con cargo al contrato para la construcción del Palma Arena, de manera que hacían disminuir sus propios honorarios por la dirección del proyecto, han informado fuentes jurídicas.
El Govern balear encargó en 2005 al despacho de arquitectos de los dos hermanos, GR1, que continuara la construcción del velódromo (que había iniciado otro arquitecto), y formalizó con ellos un contrato por 8.559.446 euros, que se investiga en otra pieza del caso Palma Arena, la número 9.
Entre los gastos que los arquitectos abonaron y que han justificado figuran viajes y también alguna comida por unos 800 euros.
Han explicado que la persona con quien ellos mantenían contacto en la administración autonómica era el exgerente del Consorcio para la Construcción del Palma Arena, Jorge Moisés.
También ha prestado declaración como investigado un empresario que ha explicado los trabajos que llevó a cabo durante la construcción del Palma Arena, como labores de mantenimiento y de montaje de estructuras, y que su empresa Ludópolis facturó a los arquitectos.
La pieza número 20, por la que han declarado los tres investigados, comenzó a instruirse hace 7 años y es el resultado de la acumulación de cuatro que formaban parte de las veintiocho en las que se dividió en su día el caso, ya que acumula las números 21, 22 y 23, todas ellas sobre facturas de proveedores al despacho que construyó el velódromo.