La diputada expulsada de Podemos, Monserrat Seijas, declaró ayer ante el titular del Juzgado de Instrucción 2 de Palma para ratificar la denuncia que presentó por el uso indebido de su firma. El magistrado quería escuchar la versión de los hechos de la denunciante antes de decidir otras actuaciones y, según fuentes judiciales, lo manifestado por Seijas dará pie con probabilidad a la práctica de nuevas diligencias para aclarar quién y por qué utilizó la firma de la diputada.
El juzgado pretende averiguar si hubo un delito al suplantar la voluntad de un cargo electo al retirar sin su conocimiento tres preguntas parlamentarias que ella había formulado en el ejercicio de sus funciones. Seijas no personaliza este uso sin su permiso de la firma en ninguno de sus excompañeros del grupo parlamentario. Así, el juzgado tendrá que determinar quién redactó el documento que fue a la mesa del Parlament el pasado mes de noviembre, cuando ya se había anunciado el inicio del expediente de expulsión a la diputada. Así, en las próximas semanas es probable que se cite a personas vinculadas al grupo parlamentario para que den su versión de los hechos. En la declaración de ayer, Seijas compareció ante el juez acompañada por su abogado. No asistió la Fiscalía.
Acusaciones
A su salida del juzgado, la diputada insistió en la gravedad de que se empleara su firma digital sin su consentimiento y cargó contra sus antiguos compañeros de grupo: «Que se averigüe quién había retirado las preguntas en mi nombre, porque se están vulnerando no solamente los preceptos legales que correspondan sino también el derecho de una diputada a realizar su trabajo parlamentario de control al Gobierno». Además añadió: «El Podemos que hay en el Parlament no es el Podemos que votó la ciudadanía. Seguiré defendiendo las ideas de Podemos que me han traído al Parlament de les Illes Balears».
AL MARGEN
Pendiente de un acto de conciliación con Jarabo
Montserrat Seijas está pendiente de otra denuncia, en este caso por calumnias contra el líder de Podemos en Balears, Alberto Jarabo. Un juzgado de Primera Instancia de Palma tiene que señalar un acto de conciliación entre ambas partes, un requisito previo a que se tramite una denuncia penal si este intento de acuerdo amistoso previsto por la ley fracasa. A ese trámite tienen que comparecer ambas partes.