Aptur Baleares calcula en un mínimo de 300 el número de alegaciones que pasarán por Registro de la Conselleria de Turismo antes de que este martes este se cierre el plazo para presentar objeciones al borrador de Ley que regula el alquiler turístico presentado hace unas semanas por el Govern.
Desde la Asociación de Apartamentos y Viviendas de Alquiler de Temporada «confiamos en que la respuesta encontrada en gran parte del tejido económico de las Islas, y que ahora se traduce en centenares de alegaciones, sirva para hacer rectificar una normativa que no cubre ni de lejos las enormes expectativas generadas por gran parte del sector turístico», señalan desde la entidad en un comunicado.
Además de recibir las alegaciones de centenares de particulares, la Conselleria deberá dar también respuesta a patronales como Pimem (Pequeña y Mediana Empresa de Mallorca) o la Confederación de Patronales Turísticas de Mallorca; a profesionales como los del Colegio Oficial de Técnicos Mercantiles o el Colegio de Economistas de Baleares; e igualmente a portales de internet como HomeAway o Rbnb, que se muestran también contrarios al texto en su actual redacción, según indican desde Aptur.
Así, la asociación apunta a que «casi todos los artículos del borrador tendrán al menos una alegación en su contra, abarcando así múltiples cuestiones que no han sido resueltas por el anteproyecto».
Como ejemplos, indican que en «el plazo de 10 años de antigüedad para las viviendas destinadas a este uso, que resulta arbitrario y desorbitado; o la exigencia de que exista el visto bueno de la comunidad de vecinos, que no tiene en cuenta la falta de competencia autonómica para legislar en materia de propiedad horizontal ya que el artículo 30.27 del Estatuto es claramente insuficiente».
Además, aseveran desde Aptur que «la zonificación, resulta discriminatoria si no se fija sobre criterios objetivos que no se explicitan correctamente, o el caso de la exigencia de un contador individual, que se antoja como de una exigencia desproporcionada».
Por todo ello, desde Aptur «confían en que la tramitación parlamentaria sirva para resolver éstas y otras muchas dudas que plantea el actual borrador de Ley».