La plataforma de alquiler turístico AirBnb ha facturado entre enero de 2016 y marzo de 2017 más de 294,3 millones de euros, de los cuales se queda con un porcentaje, según los datos a los que ha tenido acceso Terraferida, a pesar de que la multinacional reconoce solo 115 millones.
Las pernoctaciones que ha declarada AirBnb suman 590.000, pero Terraferida las cifra en 1.392.000, según detalla este movimiento en una nota de prensa.
De los datos de AirBnb, puntualiza, se desprende una acumulación de alojamientos por parte de grandes comercializadoras, lo que «permite dudar que el alquiler turístico esté mayoritariamente en manos de pequeños propietarios y sea economía colaborativa».
La multinacional de alquiler vacacional ofrece en Baleares 21.999 alojamientos y 119.059 plazas.
Solo en Mallorca, AirBnb permite 14.960 alojamientos y 81.901 plazas, de las cuales el 50 % (7.511) está en manos de 99 comercializadoras.
Estas comercializadores acumulan el 58 % de los alojamientos en Menorca, el 30 % en Ibiza y el 47 % en Formentera.
Mallorca, por sus dimensiones y población es donde más concentrada está la oferta de alquiler turístico de AirBnb.
Para Terraferida estos datos muestran una «hotelización» de las islas «sin precedentes» que ha destruido el techo de plazas de los que se había dotado la sociedad en las últimas décadas mediante múltiples instrumentos legales.
Apunta que este «boom» turístico inmobiliario está generando nuevos problemas sociales, como alquileres abusivos, expulsión de la población local de muchas zonas, pérdida de identidad, y amplifica los problemas ambientales que ya tiene Baleares, como la urbanización, falta de agua, generación de residuos, depuración, de energía y movilidad.
El caso de HomeAway es calificado por Terraferida de «espectacular», ya que ofrece 23.968 alojamientos y 160.016 plazas en las Islas Baleares, lo que lo sitúa como portal líder.
El movimiento ha hecho un llamamiento a AirBnb y HomeAway para que publiquen datos reales y contrastables de sus actividades en las islas, y a las instituciones públicas para que investiguen las actividades de estas empresas en Baleares.
Conocer cuántos trabajadores tienen, qué impuestos pagan, dónde tributan, qué porcentaje de su oferta es ilegal, cuál es su contribución en cuanto a plazas y turistas a la masificación actual sería de interés público, según Terraferida.
Finalmente ha hecho también un llamamiento al Govern y los partidos que lo apoyan (PSIB, MÉS y Podemos) para que aprueben una ley turística, actualmente en tramitación, más restrictiva, que impida el alquiler turístico en pisos de forma generalizada, eliminando el ilegal, y decretando una moratoria de plazas y aplicando el dos por uno: una nueva por cada dos de baja, entre otras medidas.