El Govern ha considerado «antidemocrático» el veto por parte del Gobierno estatal a la tramitación en el Congreso de la Proposición de ley para la declaración de las aguas jurisdiccionales españolas zona libre de prospecciones de hidrocarburos al considerar que la aprobación supondría un impacto presupuestario.
«Sentimos vergüenza», ha asegurado el conseller de Medio Ambiente, Agricultura y Pesca, Vicenç Vidal, quien ha lamentado que el Gobierno español «vete nuestro futuro por 4,7 millones de euros», cantidad que el Estado prevé dejar de ingresar en materia de tasas.
Desde Madrid han explicado que con dicha aprobación se disminuirían los ingresos procedentes del impuesto y la tasa que gravan actualmente las actividades de exploración, investigación y explotación de hidrocarburos y que se tendrían que establecer indemnizaciones por responsabilidad patrimonial de la administración al no prorrogar las concesiones vigentes.
En la misma línea el conseller ha lamentado «el doble discurso del PP aquí y en Madrid» asegurando que «ya no nos los creemos y por eso apelamos a la responsabilidad de Ciudadanos».
En este sentido, ha recordado que el diputado por este grupo que asistió a las jornadas de la semana pasada al Congreso en las cuales se presentó la Proposición de ley a los grupos parlamentarios, Toni Cantó, se mostró «muy favorable» a aceptar la tramitación de la Ley.
La Mesa del Congreso puede levantar este veto para que una iniciativa legislativa aprobada por unanimidad en el Parlament pueda continuar con la tramitación. Es por eso que, Vidal, ha pedido a Cs que, esta vez, no dé apoyo al PP y vote con el resto de grupos parlamentarios a fin de que la iniciativa se pueda debatir. INDEMNIZACIONES
Asimismo, el conseller ha negado que el Gobierno tenga que indemnizar a las empresas promotoras de prospecciones de hidrocarburos con 164 millones de euros, como calcula el Ejecutivo central, ya que la disposición adicional especifica que las explotaciones de hidrocarburos que recoge la Ley cuya concesión sea anterior a la fecha en que entre en vigor, permanecerán vigentes hasta que se extingan, sin que se puedan otorgar prórrogas de ningún tipo.
Igualmente, la disposición transitoria subraya que la Ley es aplicable a todas las solicitudes de exploración, investigación o explotación de hidrocarburos o de adquisiciones sísmicas que no hayan sido resueltas cuando la Ley entre en vigor.
Sin embargo, ha explicado Vidal, se trata «de un debate que se puede abrir o bien en el Congreso o bien entre los mismos partidos si eso es lo que le preocupa al Gobierno español».
Por ello, el conseller sospecha que «los motivos del Estado para vetar la iniciativa y la carta que envió al Gobierno sobre la posible inconstitucionalidad de la Proposición de ley son sólo excusas para detener la tramitación».