La consellera de Presidència y portavoz del Ejecutivo, Pilar Costa, admitió ayer que el Ejecutivo no dispone, en estos momentos, de la mayoría parlametaria necesaria para aprobar la ley turística que regula el alquiler de viviendas y la extiende a las plurifamiliariares aunque, según en qué zonas y con muchas restricciones. Costa no se atrevió a precisar si, finalmente, el proyecto irá al pleno del 18 de julio o pasará al del 25.
La portavoz del Ejecutivo indicó que «hasta el día del pleno hay tiempo para seguir negociando» e hizo un llamamiento a la «responsabilidad» de los grupos. Esta ley sólo puede salir adelante con el apoyo de Podemos y es imposible contar con el PI, como cuando votó a favor de la ecotasa mientras que el partido morado se abstuvo.
«El Govern no tiene intención de retirar la ley, todo lo contrario», dijo la portavoz. Lo que sí admitió es que «es posible que no pueda salir al cien por cien tal como estaba planteada». Y abrió la puerta a la posibilidad a «replantear» algunas de las medidas más restrictivas, como puede ser «la posibilidad de limitación de viviendas que se pueden alquiler por parte de un mismo propietario». El miércoles se reunirá la comisión parlamentaria que tiene que aprobar el dictamen de la ponencia, es decir, el texto que se remitirá al pleno y que no recoje (por la oposición de Podemos) algunas de las modificaciones pactadas por PSIB y Més respecto al texto inicial.
Dilema
Podemos reunirá el lunes a su dirección para decir sobre este asunto aunque es posible que lo deje en manos del grupo parlamentario. Sin embargo, y según explicaron a este diario desde el PSIB y Més, el proceso interno de la formación morada (en octubre cambia la dirección y el actual secretario general, Alberto Jarabo, está cuestionado en su grupo) puede tener consecuencias. Representantes del PSIB y de Més no consideran descabellado, aunque confían que eso no ocurra, que Podemos mantenga su pulso más allá del verano y que se dificulte el acuerdo o que se frustre.
«Me cuesta mucho imaginar que Podemos vote con el PP, no se cómo podría explicarlo», dijo a este diario un relevante cargo del PSIB y del Govern después de que Costa hiciera un llamamiento a la responsabilidad de los grupos sin citar expresamente a ninguno.
Si el Parlament no aprueba una nueva regulación antes de fin de año, volvería a entrar en vigor la norma que aprobó el conseller Delgado cuando José Ramón Bauzá presidía el Govern.
LA NOTA
Una norma que también está en el punto de mira del Gobierno central
El Govern no tiene sólo problemas con sus socios. El proyecto que regula el alquiler turístico también está en el punto de mira de Madrid, que ya le ha remitido una «advertencia» (paso previo a la interposición de un recurso) en la que cuestiona su capacidad para regular en este asunto y le indica que limitar el alquiler pone trabas a la libertad de mercado. Grupos como el GOB o Terra Ferida cuestionan la norma.