El Sindicato Médico Simebal y el Sindicato de Enfermería SATSE no se presentaron ayer a la reunión de la Mesa Sectorial de Sanidad que tenía previsto debatir e intentar aprobar el borrador de decreto para regular el uso del catalán entre los profesionales de la sanidad pública.
El plante de ambos sindicatos, que tienen casi el 52 % de representación, provocó que la reunión tuviera que ser suspendida, con el consiguiente malestar por parte de los representantes de CCOO, UGT, CSIF y USAE. El IB-Salut ha anunciado que convocará una nueva reunión el jueves día 5 de octubre.
El director general del IB-Salut, Juli Fuster, lamentó ayer que no se hubiera podido celebrar la mesa y pidió a los representantes de Simebal y SATSE que acudan a negociar.
Fuster dijo que «lo que vamos a debatir es un borrador» e indicó que «hay margen para la negociación».
No opina lo mismo el presidente del Simebal, Miquel Lázaro. «No vamos a perder tiempo participando en un paripé», dijo Lázaro y apostilló «estamos hablando del ‘mesdecretazo', un decreto impuesto por Més al IB-Salut con el que no estamos de acuerdo y así lo hemos querido dejar claro no participando en la mesa».
El secretario general de SATSE, Jorge Tera, reconoció que estos últimos días han estado hablando mucho con el Simebal, y añadió que «lo que tenemos claro es que no queremos que nos impongan un decretazo».
Los representantes del resto de sindicatos que forman parte de la mesa de negociación lamentaron el plante de médicos y enfermeros. Para Aurora López (UGT) es importante «agotar el plazo de negociación, nosotros tenemos alegaciones que aportar y queremos que haya debate».
Natalia Valdés, representante de CCOO, cree que «participar en la mesa nos permite dar nuestra opinión y dejar claro porque no estamos de acuerdo con el decreto tal y como está redactado».
Guillem Vila (CSIF) afirmó que «para nosotros el foro donde se tiene que debatir el decreto es la mesa sectorial. Entendemos que no hay mucho margen para la negociación, pero tenemos que aprovecharlo». El CISF ya ha anunciado que votará en contra del borrador de decreto porque sostienen que el catalán debe ser un mérito y no un requisito.
La secretaria de SAE Balears, Xisca Galmés, también mostró su malestar por el plante. «Nuestra idea es negociar con la Administración e intentar rebajar las exigencias de catalán, entendemos que hay una ley que hay que respetar, pero se pueden planificar los tiempos de aplicación», puntualizó Galmés.