Diecinueve ayuntamientos de las islas, los cuatro consells y dos mancomunidades se enfrentan a la amenaza de que les retengan parte de las transferencias que les llegan del Estado si no cumplen con la obligación de someterse al control de la Sindicatura de Comptes.
Este martes finalizaba el plazo para que las corporaciones locales rindieran cuentas, pero un tercio no lo ha hecho, y entre ellas se incluyen nada menos que los cuatro consells y el Ajuntament de Palma, según informa la Sindicatura a través de un comunicado.
El órgano fiscalizador de las cuentas ha enviado un requerimiento a las instituciones que no han cumplido para que presenten las cuentas de manera urgente y les advierte de que, si no lo hace, se enfrentan a las sanciones que marca la ley. La normativa dispone que, en caso de incumplimiento de la rendición de cuentas, la Sindicatura puede solicitar que se les retenga parte de las transferencias que reciben de los tributos estatales hasta que se considere cumplida la obligación.
Pero esta negativa puede considerarse, además, una falta muy grave en materia de gestión económico presupuestaria, lo que puede acarrear una sanción.
Las normas que regulan la Sindicatura y el Tribunal de Cuentas establecen el deber de las corporaciones de colaborar con estos organismos y, si no lo hacen, se arriesgan a ser castigados como reos del delito de desobediencias, según el Código Penal. Si el reo fuera autoridad o funcionario público, se le puede imponer la pena de suspensión de empleo o cargo público por seis meses a dos años.