El Defensor del Paciente ha pedido al Fiscal de Baleares que intervenga para investigar el requisito del catalán en la sanidad pública impulsado por el Govern.
Según ha detallado en un comunicado este martes, mediante un escrito, el Defensor se ha dirigido al Fiscal al considerar que el Govern «no puede obligar a conocer una lengua que los profesionales no necesitan para su trabajo».
En este sentido, han asegurado que, bajo su punto de vista, la imposición de dicho requisito es un «delito». «Los que trabajan en la sanidad no tienen ninguna obligación de hablar catalán porque en el supuesto de que un turista tuviera que acudir a un hospital o centro no lo entendería, por tanto es obvio que viola un derecho», han dicho.
Por este motivo, la institución ha requerido su intervención «para evitar confrontaciones innecesarias y una forma dictatorial de imponer a los ciudadanos como si de una dictadura se tratara».
Govern: «La ley permite excepciones»
Cabe recordar que la consellera de Salud, Patricia Gómez, ya reiteró en varias ocasiones que la ley establece que el catalán debe ser un requisito en el ámbito de la administración pública, si bien la normativa también permite realizar excepciones «para garantizar la asistencia sanitaria».
Asimismo, Gómez también explicó que su responsabilidad es garantizar la asistencia sanitaria, lo que implica «mejorar la comunicación y que los usuarios tengan derecho a dirigirse a la administración en cualquiera de las dos lenguas».