Hoteles, restaurantes y colegios figuran en la lista de clientes de la empresa cuyo propietario ha sido detenido por la Policía Nacional junto a otros dos responsables de la empresa por distribuir carne en mal estado y ser acusado de delitos de estafa, falsedad documental, contra la salud pública, contra los derechos de los trabajadores y contra la seguridad social. Cerca de 50 toneladas de género han sido incautadas en la ‘operación Biltong', que ha detectado, entre otras múltiples irregularidades tanto sanitarias como laborales, cerca de 37.000 kilogramos de productos caducados, alimentos sin etiquetar o con las fechas de consumo modificadas en las naves que la empresa tenía en Palma y Marratxí.
Investigación
La denuncia de un trabajador puso en marcha la investigación a principios de marzo de la Unidad Central de Redes de Inmigración Ilegal y Falsedades Documentales (UCRIF), que trabajó en sintonía con la conselleria de Salut. «Hemos evitado que se distribuyan alimentos a personas de colectivos vulnerables como niños y mayores y que podrían haber causado serios trastornos de salud», destacó Rafael Cladera, jefe de la Brigada Provincial de Extranjería y Fronteras de la Policía Nacional de la que depende la UCRIF. «Tenemos la garantía de que los productos no se han consumido desde la intervención y no hay constancia de personas afectadas, pero no podemos saber si ha llegado a los clientes con anterioridad», precisó. Es probable que el género en mal estado llegara a los consumidores, ya que la responsable de Seguretat Alimentària de la Direcció General de Salut Pública, Margalida Buades, señaló que «no sabemos desde cuando se llevaban a cabo estas prácticas, pero creemos que podría hacer un año». La «opacidad» de la empresa dificultó la investigación y la «ausencia absoluta del programa alimentario» elevó la preocupación de las autoridades. En la denuncia también consta que uno de los clientes que sospechó de una partida de carne picada solicitó un análisis que determinó la presencia de la bacteria salomenal.
Explotación
Salarios de 600 a 900 euros por jornadas de diez horas, ausencia de vacaciones o no pagar ni horas extras ni pagas extraordinarias son algunas de las irregularidades que detalló el inspector, jefe del Grupo 1 de la UCRIF, Gonzalo Calleja, que también precisó que los empleados se habrían visto obligados a aportar el material para trabajar y utilizar sus vehículos para el reparto.
El apunte
La empresa habría incurrido en múltiples irregularidades y engaños a sus clientes
Más allá de tener productos caducados (alguno más de tres años) o falsificar etiquetas originales de fecha de consumo, la investigación constató que la empresa vendía como género fresco alimentos que descongelaba en unas cubetas de agua caliente. Cuando sabía que un cliente no pesaba la carne incrementaba su peso con sangre y vísceras para engordar las facturas. Si alguien devolvía la carne, se procedía a limpiar el producto y se volvía a congelar para revenderlo o distribuirlo como carne picada.