El Gobierno recaudó el año pasado 9,5 millones de euros por las concesiones y las actividades autorizadas en la zona de dominio público marítimo-terrestre, según consta en una repuesta del Ministerio al senador Francesc Antich.
De esta cantidad, más de un tercio son beneficios para el Estado ya que en el mismo periodo de tiempo el Gobierno invirtió en las Islas 6 millones de euros, de los que prácticamente la mitad, 3,8 millones, corresponden a daños causados por los temporales, que provocaron la rotura de uno de los diques del puerto de Cala Rajada en Mallorca o bien el desprendimiento de los acantilados de es Cubells en Ibiza, entre otros desperfectos.
De hecho, la previsión de inversión apenas era de 2,9 millones, muy lejos de los ingresos que se obtienen con las concesiones. En cualquier caso, Madrid obtuvo unos beneficios netos de 3,5 millones de euros en las Islas.
No son, sin embargo, los únicos ingresos obtenidos en las Islas porque al dinero de las tasas por concesiones se suma la cantidad ingresada vía sanciones y multas.
El año pasado llegaron 740.000 euros, de los 668.320 corresponden a infracciones en Eivissa y el resto, apenas 71.000 euros a Mallorca. Se impusieron un total de 30 denuncias, de las que 20 fueron en Eivissa y las otras 10, en Mallorca. Los expedientes sancionadores iniciados durante 2017 en la Demarcación de Costas fueron 51: 34 en Ibiza, 15 en Mallorca y 2 en Formentera.
Las competencias
Antes del cambio de Gobierno, el Govern balear había iniciado los trabajos para pedir el traspaso de las competencias del litoral. A raíz del abuso en la ocupación privada del dominio público marítimo-terrestre, el departamento de Presidència se puso en contacto con el Ministerio para asumir una de las competencias que incluye el Estatut. Las negociaciones están paradas de momento.