El Gobierno estatal y el Govern de las Islas continúan con las negociaciones del nuevo Régimen Especial de Balears (REB) y, de hecho, «ya hay acuerdo» en algunos de los puntos de la futura normativa. La idea es que ambos gobiernos cierren un acuerdo este mismo mes de noviembre.
Una información que daba por hecho que el Gobierno de Sánchez ‘entierra' el REB de Armengol -que el Ejecutivo balear no dio por buena en ningún momento- desató la polémica y llevó a una cadena de comparecencias de portavoces de todos los grupos. La primera reacción desde el Govern llegó de la consellera d'Hisenda, Catalina Cladera, que había acudido al Parlament a presentar los Presupuestos.
«El objetivo prioritario es aprobar el REB en esta legislatura, es nuestro único escenario», dijo la consellera que explicó que la reunión de noviembre no será el final de proceso pero sí que clarificará cómo se tramita el texto en el Congreso, si es como decreto o como proyecto de ley. Lo que prácticamente descartó es que el REB entre en vigor el 1 de enero de 2019.
Las palabras de Cladera no llevaron la tranquilidad al resto de partidos, ni siquiera a Més, que participa en el Ejecutivo. Bel Busquets, que además de coportavoz ecosoberanista es vicepresidenta del Ejecutivo, dijo que «no se ha roto ninguna negociación y tenemos esta información en el Consell de Govern». El portavoz parlamentario, Josep Ferrà pidió a la presidenta Armengol «que desmienta la información y salga y explique cómo está la negociación». El presidente del Consell, Miquel Ensenyat le reclamó una entrevista formal.
PP: Ya podía estar
Hace tiempo dirigentes y cargos de Més habían expresado su preocupación por la marcha de las negociaciones.
El presidente del PP balear, Gabriel Company, no quiso darle un «margen de confianza» a la presidenta y dijo que es la «responsable» de que Balears no tenga un nuevo REB al no querer aceptar el que, prácticamente, había quedado cerrado por el anterior Govern para «seguir con el Madrid me mata».
Desde Ciudadanos (C's), Xavier Pericay reclamó la «dimisión de la consellera Cladera» y afirmó que si la información es cierta «será gravísimo». Jaume Font (PI) dijo: «Si Armengol ha fracasado, que lo reconozca». María José Camps (PSIB) reclamó a los partidos políticos que no «tengan la tentación de hacer electoralismo» con este asunto.
La preocupación se extendió a las organizaciones empresariales. El presidente de Pimem, Jordi Mora, habló de «fracaso político» y añadió que «no toleraremos engaños».