En Baleares, si eres extranjero, te encuentras en situación irregular en España y no cometes ningún delito, es prácticamente imposible que seas expulsado.
La falta de recursos policiales, el complejo procedimiento de incoación de expedientes por infracción a la Ley de Extranjería, y el elevado coste de las expulsiones limita a poco más de un centenar los extranjeros expulsados de Baleares cada año. Se trata de una cifra muy similar y estandarizada en referencia a años anteriores.
Según los expertos consultados por Ultima Hora, todos los expedientes que culminaron con la salida del territorio corresponden a los expulsados por causas judiciales o por aplicación a la Ley de Extranjería. En todos los casos, se trata de personas que se encontraban en situación irregular y que habían cometido varios delitos. Es decir, desde hace varios años, en Baleares no se expulsa a nadie que se encuentre en situación ilegal en el país y que no haya perpetrado algún hecho delictivo o cuente en sus espaldas con antecedentes penales o policiales.
Llama particularmente la atención las reticencias que ofrecen algunos jueces a la hora de expulsar a una persona que cuente con permiso de residencia. En esos casos, entienden que cuando una persona tiene una residencia prolongada en las Islas, lo mejor es que ingrese en la cárcel, pero no se autoriza su marcha. En algunos casos, tras cumplir su condena, han reincidido cometiendo delitos graves. «Para poder expulsar a un extranjero es imprescindible que el país de origen los acepte. Por ejemplo, Cuba, Mali o Níger, entre otros, al no contar con un tratado establecido, se niegan a documentar a sus ciudadanos y no aceptan la entrada en su territorio», apunta un experto en la materia. Del centenar de expulsados anuales de las Islas, gran parte de ellos son marroquíes, colombianos o ecuatorianos.
El coste total de la tramitación, viajes, estancias en el CIE (Centro de Internamiento de Extranjeros), dietas etc... supera los 20.000 euros por extranjero. Todo ello dependiendo de su nacionalidad y coste de los billetes.
Durante los años 2018 y 2019, el Gobierno español se gastará 9,9 millones de euros en los vuelos para deportar a migrantes durante 2018 y 2019. El Ejecutivo adjudicó un contrato a la unión temporal de empresas (UTE) formada por Air Europa, Aeronova y Swiftair, según el Boletín Oficial del Estado. En el contrato se incluyen los vuelos que el Ministerio del Interior utilizará durante 18 meses para trasladar, bajo custodia policial, a ciudadanos extranjeros a diversos puntos de España y acto seguido expulsarlos de forma forzosa.
Los vuelos de deportación que parten de territorio español pueden ser de dos tipos: los fletados por Interior en solitario o los efectuados en colaboración con la Agencia Europea de Control de la Frontera Exterior (Frontex), incluidos en el contrato. Además, las repatriaciones también pueden producirse en vuelos comerciales, en los que el expulsado es trasladado junto a viajeros ajenos al proceso de devolución; o en barco, como es el caso, por ejemplo, de las repatriaciones a Marruecos.
«No es lo mismo expulsar a un marroquí que a un ciudadano de la República Democrática del Congo. El coste de los pasajes de los policías y del propio interesado puede ascender a más de 15.000 euros. A todo ello hay que sumarle las noches de hotel, dietas y sueldo de los funcionarios. Es por ese motivo que por falta de recursos personales y económicos somos muy cuidadosos en las tramitaciones de expedientes», concluye el experto consultado por nuestro diario.