La Central Sindical Independiente y de Funcionarios (CSIF), sindicato más representativo en las administraciones públicas, ha interpuesto una demanda ante la Sala de lo Contencioso Administrativo contra el Decreto 8/2018 de 23 de marzo por el que se regula la capacitación lingüística del personal estatutario del Servicio de Salud de las Illes Balears.
El Decreto exige el conocimiento de catalán, a todos los niveles, al personal estatutario para acceder a un puesto de trabajo público, lo que supone una discriminación para aquellos que no acrediten el nivel exigido, «bloqueando de manera ilegal su derecho a la Carrera Profesional y a la Movilidad Voluntaria», aseguraron en un comunicado.
Mérito y no requisito
Por su parte, la Central Sindical Independiente y de Funcionarios entiende que el decreto vulnera el ordenamiento jurídico, desde principios básicos de la Constitución, la propia Ley de función pública, el Estatuto Marco del personal estatutario, hasta el Estatuto Básico del Empleado Público.
«La lengua debe ser siempre un mérito que sume pero que en ningún caso reste valor a la calidad asistencial de la Sanidad Pública y que tampoco suponga una rémora a los principios de igualdad, mérito, capacidad y publicidad que recogen el artículo 15.3 de la Ley 3/2007, de 27 de marzo, de la Función Pública de la Comunidad Autónoma de las Illes Balears, así como el Estatuto Básico del Empleado Público y la Constitución», apuntaron.