El director de la Oficina de Prevención y Lucha contra la Corrupción de les Illes Balears, Jaime Far, he presentado sendos requerimientos al Govern y al Parlament para que le entreguen el contenido de los registros patrimoniales y de bienes de los diputados y de los altos cargos del Ejecutivo. Da diez días a ambas instituciones para que le envíen toda la documentación y les avisa de que no cabe la interposición de recursos, según recoge el propio reglamento de funcionamiento de esta Oficina Anticorrupción.
De hecho, la ley de creación de este organismo que debe velar por la integridad de los cargos públicos de las Islas ya establece la obligación de que los dos registros que ahora están en poder del Govern y del Parlament pasen a estar custodiados por los responsables de la entidad que dirige Far. Ha pasado más de un año desde la toma de posesión de Far pero ambos registros seguían sin entregarse.
El director de la Oficina Anticorrupción aprovecha que el reglamento de funcionamiento aprobado hace tres meses por el Parlament le confiere el depósito de esta información para reclamarla a ambas instituciones. Far pide que tanto el Govern como el Parlament detallen los nombres de aquellos cargos que no hayan presentado estas declaraciones pese a estar obligados a ello.
La petición supone un primer paso en la puesta en funcionamiento del departamento ya que la intención es publicar todos estos documentos en la web de la Oficina Anticorrupción en forma de registro. Parte de la información que reclama el director ya es pública y aparece en las webs de Parlament y Govern en la página de cada uno de los cargos, pero el registro, que abarca más allá de los actuales gobernantes, no lo es.
El director de la entidad no detalla en su escrito el propósito de este requerimiento, pero recuerda que la ley establece que le corresponde tener las declaraciones patrimoniales de los altos cargos, lo que incluye «la totalidad de sus bienes, derechos, obligaciones y actividades», según consta en el escrito.
La entrega de toda esta información es un primer paso para que el responsable pueda comenzar sus trabajos con conocimiento de causa dado que ya tiene sobre la mesa al menos cuatro denuncias, algunas con elementos que deben tenerse en cuenta, según explica el propio Far. No se sabe si la petición de entrega del registro tiene que ver con estas investigaciones ya que todo el proceso es secreto.
Este organismo de control de los cargos públicos se creó por ley en 2016, pero los partidos tardaron más de un año en pactar un nombre para que estuviera al frente. El nombramiento de Far no llegó hasta enero del año pasado y durante buena parte de este tiempo ha estado redactando el reglamento interno. Su entrega en el Parlament viene marcada por enormes trabas hasta el punto de que entidades como la Abogacía de la Comunitat y la propia Sindicatura de Comptes presentaron alegaciones en contra de las intenciones de Far.
Las advertencias provocaron que una comisión parlamentaria analizara la propuesta de funcionamiento de Far, así como las objeciones de la Abogacía, la Sindicatura y otras entidades. El resultado fue un alud de enmiendas de los partidos del Pacte, que introdujeron importantes modificaciones en la propuesta inicial.