El uso obligatorio de la mascarilla en Baleares podría retrasarse. Fuentes de la Conselleria de Salut indicaron ayer que el Ejecutivo está todavía «perfilando» el redactado de la norma que obligará a llevarla en cualquier espacio público con independencia de si se guarda o no la distancia de seguridad y que aun no puede afirmar que la obligación de ponérsela entrará en vigor mañana, tal y como se había anunciado el jueves.
Una portavoz de la Conselleria de Salut explicó que «se está trabajando para que la resolución [que decretará el uso obligado de la mascarilla] se publique en el Butlletí Oficial de les Balears (BOIB) el lunes» y entre en vigor el mismo día. Sin embargo, aun «no se puede confimar».
El motivo del retraso es el redactado de la norma, que pormenorizará en qué contextos será obligatoria y en cuáles no. El Govern quiere que «todo quede muy claro» y que el texto «no pueda dar lugar a confusiones». «Se están definiendo con precisión las distintas casuísticas que se puedan dar» para evitar las interpretaciones indeseadas.
Entre otros aspectos, la resolución especificará qué mascarillas son válidas y cuáles no lo son. En este sentido, no se permitirán las mascarillas que funcionan con válvula, puesto que sí protegen al que la lleva pero no a terceros.
Asimismo, el Govern reiteró no se multará (se ha establecido una sensación de 100 euros) inmediatamaente a los que no la lleven sino que se dará unos días de margen. «No hay afán recaudatorio», asegura el Govern.
Hay que recordar que sectores empesariales y de la patronal hotelera han advertido de que la obligatoriedad de llevar mascarilla ha provocado cancelaciones de reservas turísticas y que la medida podría perjudicar la reactivación económica. Salut negó ayer que el retraso en la publicación de la resolución estuviera relacionado con estas críticas.
Validez de las multas
La normativa que establece las sanciones (de hasta 600.000 para los casos más graves) en caso de no cumplir las medidas sanitarias se publicó el viernes. Los Cuerpos y Fuerzas de seguridad del Estado tenían algunas dudas sobre su validez, pero un convenio entre el Estado y el Govern ha asegurado su legalidad. Se tramitarán desde la Direcció General d'Emergències, que dirige el coronel de la Guardia Civil Jaume Barceló.
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