La Autoritat Portuària hace aguas. La Guardia Civil acusa a toda la cúpula de corrupción y ha detenido a Joan Gual de Torrella, presidente; Miguel Puigserver, vicepresidente; Juan Carlos Plaza, director; José Fernando Berenguer, jefe de Área de Explotación y Servicios, y Armando Parada, jefe de la División de Proyectos y Obras. La directiva está acusada de prevaricación, malversación y fraude a la Administración Pública. Dolores Ripoll, jefa de la abogacía del Estado en Balears y asesora jurídica del organismo investigado, también ha sido imputada.
La operación, tal y como adelantó ayer en primicia Ultima Hora, la dirige la fiscal anticorrupción Laura Pellón y hace más de un año que se investigan licitaciones supuestamente ilegales y la gestión de Puertos. Durante todo este tiempo el Grupo Anticorrupción de la Guardia Civil ha tomado declaración a numerosos testigos y ha ido estrechando el cerco, con discreción absoluta para que no trascendiera el operativo. Desde hace unos días, sin embargo, comenzó a correr un rumor relacionado con un inminente registro en la sede palmesana de la Autoritat Portuària y en la tarde noche del jueves la Fiscalía y la Guardia Civil decidieron ejecutar la operación.
Noche en los calabozos
Los cuatro directivos fueron arrestados prácticamente al mismo tiempo y los trasladaron hasta la Comandancia de la calle Manuel Azaña, donde pasaron la noche en los calabozos. Una unidad especial custodió toda la noche el edificio de la APB, para que nadie pudiera entrar en los despachos u oficinas y destruir pruebas. Los agentes rodearon por completo las instalaciones y colocaron a agentes armados en las entradas. Los pocos curiosos que se acercaron para interesarse por lo que estaba ocurriendo fueron conminados a marcharse por los funcionarios. Por la mañana, fue detenido Miguel Puigserver, el quinto acusado y que fue defendido por el letrado Fernando Mateas. El funcionario es el único que no tiene despacho en la Autoritat Portuària, por lo que cuando el grupo fue conducido a las oficinas del muelle él quedó en libertad con cargos.
Jornada maratoniana
Los registros se prolongaron durante todo el día y la tarde, y los especialistas de la Benemérita, en presencia de la jueza Martina Mora, titular del juzgado de instrucción número 3 de Palma, y la fiscal Laura Pellón, volcaron todo el contenido de los discos duros de los acusados. El proceso fue lento y los investigadores también se llevaron cajas con documentación. La expectación mediática era máxima a las puertas de la sede de la APB y también frente a la Comandancia de la Guardia Civil, para captar una imagen de los detenidos, en especial de Joan Gual de Torrella.
El presidente del organismo del Estado, representado por el abogado Eduardo Valvidia, tampoco declaró ante los investigadores, ya que el sumario está secreto y esperará a conocer las acusaciones concretas contra él para defenderse ante la jueza.
Análisis
Ahora, el Grupo Anticorrupción de la Comandancia tiene ante sí una ímproba labor porque deben analizar toda la documentación incautada en la sede del muelle, tanto la digitalizada como la de papel. Los agentes buscaran indicios de corrupción en licitaciones, contratos y gestión portuaria. El caso sigue abierto y no se descartan nuevas detenciones. También ha sido imputada Dolores Ripoll, la jefe de la Abogacía del Estado en Balears, y que es asesora jurídica de la Autoritat Portuària. Al cierre de esta edición, tras casi doce horas de registros, los otros cuatro acusados que quedaban detenidos quedaron en libertad con cargos.
EL APUNTE
Los acusados se niegan a declarar ante los investigadores del Grupo Anticorrupción
Los cinco detenidos pasaron la noche en los calabozos de la Comandancia palmesana, en la calle Manuel Azaña, y por la mañana, ya en presencia de sus abogados, el Grupo de Anticorrupción de la Benemérita inició los interrogatorios. Sin embargo, al estar secreta la causa, los acusados se negaron a declarar, a la espera de conocer el contenido de las acusaciones. Durante su estancia en las celdas, los imputados estuvieron separados. Durante toda la mañana la expectación fue máxima en la sede policial del polígono de Levante y los medios de comunicación esperaron en la calle a que sacaran a los cinco directivos detenidos.