La Oficina de Prevención y Lucha contra la Corrupción de Baleares ha propuesto sancionar a 12 altos cargos del Gobierno autonómico por haber incumplido la obligación de presentar al organismo sus declaraciones patrimoniales.
Según ha indicado el director de la Oficina, Jaume Far, se ha iniciado un expediente sancionador para cada uno de estos cargos y se abre un plazo para que los afectados puedan formular alegaciones. La sanción que se propone es la mínima, de 1.000 euros.
La obligación de presentar estas declaraciones se recoge en la Ley de 2016 que creaba la Oficina Anticorrupción. En particular, la información que deben transmitir a la oficina los cargos públicos afectados debe abarcar «la totalidad de sus bienes, derechos, obligaciones y actividades», según el texto legal.
La Oficina formuló un requerimiento para que los cargos que todavía no habían trasladado sus declaraciones lo hicieran, y solicitó al Govern que distribuyese un recordatorio comunicando la obligación de hacerlo.
A lo largo del año, varios cargos que todavía no lo habían hecho aportaron sus declaraciones a la Oficina. Ahora, el organismo ha iniciado el expediente de sanción para aquellos que, a pesar de los múltiples recordatorios, no han presentado esta información.
Según ha avanzado 'IB3 Notícies', la Oficina remitirá esta misma semana los expedientes a los afectados.
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