El toque de queda, las restricciones a las reuniones en domicilios, los límites de aforo a lugares de culto y los controles de entrada en Balears de viajeros nacionales dependen de una decisión del Tribunal Superior de Justicia. El Govern ha elevado a la Sala de lo Contencioso una petición para poder prorrogar las medidas que afectan a derechos fundamentales que estaban en vigor en virtud del estado de alarma. Sin el visto bueno de los jueces esas medidas saltarán por los aires el próximo domingo, no así otras como las que afectan a la hostelería, donde la comunidad autónoma sí tiene un amplio margen de competencias para decidir.
Por el momento, el toque de queda y los límites a reuniones en espacios privados tienen el dictamen en contra de la Fiscalía de Balears. En un documento, el ministerio público se opone a su prórroga sin el aval de una norma con rango de ley orgánica. Entiende que afectan de forma directa a los derechos de reunión, la intimidad, la inviolabilidad del domicilio y de libertad de circulación y que, por lo tanto, no pueden ser restringidos por una normativa autonómica aunque tenga el respaldo de la autoridad judicial. El fiscal jefe, Bartomeu Barceló, considera que no tiene sentido que el Gobierno y el Congreso decretaran un estado de alarma para implantar esas medidas y que ahora, las comunidades autónomas puedan mantenerlas sin ese paraguas legal.
El informe de la Fiscalía sí que avala que se puedan establecer controles sanitarios en puertos y aeropuertos, a los límites del número de personas que se pueden juntar en espacios públicos y las restricciones de aforo en lugares de culto, las otras peticiones que ha incluido el Govern en su demanda ante el TSJIB. El parecer del ministerio público no obliga a los magistrados, aunque es un trámite obligatorio.
La Sala de lo Contencioso tiene de plazo hasta este jueves para resolver sobre las restricciones, después de que el Govern registrara su petición el lunes. Sin embargo, lo más probable es que no agote este límite. Este martes, los magistrados de la Sala de lo Contencioso pasaron varias horas reunidos deliberando, mañana y tarde.
Aval
Hasta ahora, el tribunal ha validado las medidas que ha puesto encima de la mesa el Govern durante la pandemia. Con todo, solo se ha pronunciado en una sentencia más allá de varios autos en los que desestimaba medidas cautelares contra cierres de la hostelería u otros negocios. Esa resolución señalaba que el cierre perimetral de barrios de Palma acordado en septiembre, antes de la aplicación del estado de alarma, era válido y no colisionaba con los derechos a la libre circulación. Esa sentencia consideraba que el decreto que regulaba la ‘nueva normalidad' era suficiente para dictar este tipo de restricciones parciales y, por tanto, desestimaba la demanda.
La presidenta del Govern, Francina Armengol, no quiso pronunciarse este martes sobre la oposición de la Fiscalía a mantener el toque de queda y el límite a las reuniones sociales a partir del próximo domingo. Insistió en la «necesidad de una desescalada lenta» en las Islas y anunció que tomarán las decisiones correspondientes cuando el TSJB se pronuncie. Reconoció, de todos modos, que la autorización del TSJB es un requisito indispensable para mantener estas medidas, que, subrayó, «permiten al Govern mantener controlada la pandemia y frenar su propagación».
Aunque la jefa del Ejecutivo no quiso aventurarse sobre qué ocurrirá si la Justicia tumba el toque de queda y el límite de personas que pueden reunirse en domicilios, admitió que no se podrán aplicar estas medidas. Sin embargo, ya desveló que en este supuesto «se buscarán alternativas dentro del plan de desescalada para que sea lo más seguro posible y apelando a la responsabilidad de la ciudadanía».
Precisamente Armengol destacó que la Comunitat cuenta con un marco normativo que le permite seguir aplicando restricciones, al margen de las que están amparadas por el estado de alarma. Fue clara al señalar que el Govern «las seguirá aplicando» y se remitió a que «esta desescalada prudente» que aplica el Govern desde principios de año «está pactada» con consells, FELIB, Ajuntament de Palma, y patronales y sindicatos que conforman la Mesa del Diálogo Social.
Este jueves a las 10:30 horas se reúne la Mesa del Diálogo Social para abordar las restricciones vigentes, que afectan sobre todo a la hostelería. La presidenta ya se mostró partidaria este martes de «seguir aplicando una desescalada lenta» e insistió en mantener las restricciones más duras al menos hasta que todas las personas mayores de 60 años se hayan vacunado.