La Comisión Nacional de la Competencia ha impuesto severas multas a 22 de las principales consultoras que operan en España por actuar como un cartel que manipulaba concursos públicos. Entre las sancionadas está Regio Plus, empresa del exjefe de campaña de Més, Jaume Garau. El organismo le impone una multa de 35.000 euros a las que hay que sumar otros 55.000 euros a su socia y 33.000 a la mercantil.
La resolución se basa en una investigación sobre la actividad de las consultoras durante una decena de años. A Regio Plus se le atribuye un papel de liderazgo en una de las dos redes independientes entre sí que se han detectado. Considera que la empresa de Garau participó en la manipulación de 69 licitaciones de diferentes administraciones.
Además de ayuntamientos y gobiernos autonómicos de Andalucía, Aragón y otros territorios, hay más de media docena de adjudicaciones del Govern balear, del Ajuntament de Calvià y del Consell de Formentera que fueron manipuladas.
Las empresas colaboraban entre sí para darse ‘cobertura' en concursos negociados sin publicidad. Se trata de adjudicaciones públicas en las que, para garantizar la competencia, la administración invita a distintas empresas pero que, por agilidad, no tienen que ser sometidas a una licitación abierta.
Lo que hacían las empresas del cartel era coordinarse para presentarse a esos concursos. La primera que recibía la oferta captaba a otras para que le dieran ‘cobertura' y, o bien se retiraran, o bien planteran un precio similar al suyo. La Comisión Nacional de la Competencia basa su resolución en una serie de correos electrónicos cruzados entre las empresas en las que se ofrecía esa ‘cobertura'.
Los textos son demoledores para las empresas. En uno de los enviados por Jaume Garau, por ejemplo, consta: «Imagino que si no ha llegado, os llegará el fax con la invitación al procedimiento negociado sin publicidad de Pesca de Baleares (a nosotros nos acaba de llegar), os agradeceríamos que presentárais directamente carta de renuncia».
Con este método, según la resolución se conseguía evitar que otras empresas entraran en los concursos y presentaran precios a la baja. El documento rechaza que hubiera complicidad de las administraciones: «La entidad que convoca la licitación, si lleva tiempo expuesta a las prácticas de cobertura, habrá perdido referencias ajustadas a los precios de los servicios que solicita. Ello redunda también en perjuicio del interés general».
Garau fue exculpado por un juzgado de lo Penal en la investigación por una serie de adjudicaciones del Govern de las que se sospechaba que se habían fragmentado para adjudicárselas a dedo.
Ahora, algunos de estos contratos aparecen entre los manipulados por el cartel.