Habló por hablar. Fernando Berenguer, el antiguo jefe de explotación de la Autoritat Portuària de Balears, se desdice del contenido de las dos grabaciones secretas que hicieron estallar el caso en torno al puerto de Maó. Berenguer declaró ayer como investigado y negó que fueran ciertas las sospechas de amaño que le hizo llegar a los responsables de la empresa Sernautic, que fueron los que denunciaron ante la Fiscalía el caso, una denuncia que tomó cuerpo gracias a esas dos grabaciones.
En la primera de las grabaciones les decía a los empresarios que su oferta por los 130 amarres de Maó era la mejor de las que se había presentado. Cuando el concurso se empieza a decantar hacia Marina Asmen mantiene otro encuentro con los empresarios y alude a supuestas presiones de políticos menorquines y atribuye órdenes al director de la Autoritat, Juan Carlos Plaza.
Ayer, al ser interrogado con insistencia por lo que había dicho entonces, se desdijo. Afirmó que nadie le había dado ningún tipo de indicación ni de instrucción en torno al concurso de Maó y atribuyó ese exceso verbal a ganas de agradar a sus interlocutores empresarios.
Abogacía del Estado
Además de Berenguer también compareció ayer la jefa de la Abogacía del Estado en Balears, Dolores Ripoll. También defendió la legalidad de todos los pasos que dieron para la adjudicación de los amarres de Maó. En su declaración como investigada en el ‘caso Puertos' rechazó cualquier irregularidad y defendió su intervención como asesora jurídica de la Autoritat Portuària de Balears.
Ripoll, a la que defiende la misma Abogacía del Estado, justificó la decisión de que los amarres salieran a concurso y la valoración de las distintas ofertas presentadas. Su intervención en una de las sesiones del consejo fue fundamental para que saliera adelante la adjudicación, como en su declaración de ayer reconoció el expresidente de la APB, Juan Gual de Torrella. La investigada ha tenido alguna discusión directa con la magistrada del caso, Martina Mora, durante la declaración, al entrar ambas en distintas interpretaciones de la legislación a aplicar en el concurso náutico.
La jefa de la Abogacía fue la primera de las personas citadas a declarar ayer como investigadas en la segunda jornada de interrogatorios en torno al concurso de Maó. Una de las cuestiones por las que fue interrogada por la magistrada fue por un trabajo que realizó su marido para una de las empresas que más tarde participó de Marina Asmen, la adjudicataria. Ripoll negó que supiera nada de esos trabajos hasta que estalló la operación policial porque ignoraba que en la escritura de constitución de la sociedad figurara la mercantil para la que facturó un trabajo su pareja, así que rechaza cualquier relación con el concurso.
Comisión técnica
El tercer investigado en comparecer ayer fue Armando Parada, jefe de la división de proyectos y obras de la Autoritat que estuvo al frente de la comisión técnica que valoró las ofertas por el concurso de Maó. Su intervención fue muy técnica a la hora de explicar los motivos que hicieron que se decantaran por la oferta de Marina Asmen y no por la de Sernautic. También insistió en que ese órgano tiene capacidad para decidir los criterios que maneja y que, en este caso no fueron arbitrarios sino que respondían a las necesidades y problemas específicos que tenía el puerto de Maó. En el interrogatorio ha repasado esos criterios.
Los interrogatorios continuarán a lo largo de esta semana. En la jornada de hoy comparecen los empresarios menorquines que formaron parte de Marina Asmen y que obtuvieron la concesión de los amarres.