La convocatoria de huelga de los letrados de la Administración de Justicia (LAJ) amenaza con complicar la actividad de los juzgados de Balears mañana miércoles. La movilización está convocada por una de las asociaciones de este colectivo, antes denominado como secretarios judiciales, la Unión Progresista de Secretarios Judiciales. Sin embargo, el enfado de estos profesionales clave en los juzgados con el Ministerio de Justicia hace que se prevea un seguimiento elevado que puede alcanzar a la mitad de órganos judiciales de las Islas.
Detrás de la convocatoria está la reclamación por parte del colectivo de una adecuación salarial después del notable incremento de funciones que asumieron hace más de una década. Entonces se les atribuyeron actuaciones que, hasta ese momento desempeñaban los magistrados. La organización convocante señala que entre esas atribuciones está la dirección procesal en todas las oficinas y la tramitación de todos los procedimientos: «Son más de seiscientas de estas competencias que nos han sido asignadas y por las que no se ha visto incremento salarial alguno», señalan.
Los convocantes denuncian que la retribución de una hora de guardia de uno de estos letrados no supera el euro. La necesidad de la adecuación ha sido reconocida por todos los ministerios de Justicia en los últimos doce años, pese a «no haberse materializado nunca». También critican que el Ministerio haya negociado esa adecuación con los sindicatos generalistas al margen de las asociaciones representativas de los letrados. «Puede considerarse un fraude de ley, porque es una realidad pública y notoria que la afiliación de los letrados a esos sindicatos es testimonial, ya que tenemos nuestras propias asociaciones, por lo que no reconocemos a los primeros como interlocutores válidos en la defensa de nuestras condiciones laborales», añaden. Los convocantes de la huelga consideran insuficiente el incremento de 195 euros que aún tiene pendiente por aprobar el Ministerio. El resto de asociaciones, por el momento, reclaman mantener las negociaciones con el Gobierno.