El Tribunal Supremo declara nulos cuatro decretos de la presidenta de Balears, Francina Armengol, en los que se fijaron las restriciones más duras durante el invierno pasado contra el COVID, como el toque de queda y los cierres de hostelería. El motivo de la nulidad es que la capacidad de Armengol para adoptar esas decisiones derivaba del segundo estado de alarma que, como el primero, ha sido declarado nulo por el Tribunal Constitucional. Es decir, como «la designación de las autoridades delegadas fue inconstitucional» todas las decisiones son inválidas por falta de competencia.
La resolución del Supremo sigue a un recurso en defensa de los derechos fundamentales planteado por un ciudadano contra la serie de decretos de la presidencia del Govern, que arrancaron en octubre y se prorrogaron hasta enero. El recurso sostenía que vulneraban derechos fundamentales. Sin embargo, el Supremo no llega al pronunciarse al respecto y señala que sus sentencias previas ni «afirman ni niegan que las medidas sanitarias de ámbito autonómico fueran necesarias o justificadas desde un punto de vista sustantivo». Simplemente que quien las adoptó no podía adoptarlas porque el estado de alarma ya fue declarado nulo por el Constitucional. De hecho, la delegación de competencias por parte del presidente del Gobierno en los autonómicos fue uno de los aspectos que el Constitucional consideró nulos en su sentencia del pasado mes de octubre.
El Supremo retrasó la resolución del recurso por vulneración de derechos de este ciudadano mientras se decidía el otro procedimiento y, de hecho, su sentencia del pasado miércoles solo se pronuncia sobre este aspecto. El Supremo sí que declaró nulo el toque de queda que derivaba de estos decretos tras un recurso presentado por Fiscalía. La sentencia fue difundida este martes VOX cuyo líder autonómico, Jorge Campos, afirmó que es «una bofetada a Armengol y sus socios»: «La Justicia demuestra los atropellos de la izquierda y los separatistas de Baleares que han utilizado el ejercicio del poder ejecutivo para pisotear los derechos fundamentales y libertades de los ciudadanos».