Unos 31.000 empleados públicos de Baleares se verán afectados por el proceso de regularización de las plazas ocupadas por interinos y trabajadores contratados por las distintas administraciones de las islas, según datos de la Federación de Servicios Públicos de UGT, la única que ha dado una cifra hasta la fecha. La medida afecta a empleados del Govern, de sus empresas públicas, de los consells y organismos dependientes y de los ayuntamientos de Baleares.
El Consell de Govern aprobó este lunes un decreto ley que abre el proceso para la regulación de las plazas que llevan ocupadas por personal interino. Se da respuesta así al cumplimiento de la ley convalidada por el Senado el pasado mes de diciembre tras una sentencia europea que obliga a solucionar el problema de los interinos.
Bases para negociar
Lo único que hace por ahora el decreto ley es crear una mesa de negociación específica para definir cómo será el proceso selectivo. Deberá hacerse ante del 1 de junio. Esta mesa no afectará ni al personal docente, que tiene un marco normativo propio, ni al personal estatutario, que tiene su propio ámbito de negociación. Según las estimaciones del Govern, en la administración autonómica entrarán en este proceso de regularización más de 5.000 plazas. En la Administración autonómica son 5.353 plazas ocupadas temporalmente los tres años anteriores al 31 de diciembre de 2020, de las cuales 468 corresponden a los servicios generales de personal funcionario, 177 a los servicios generales de personal laboral, 3.061 al personal estatutario y 1.647 al personal docente. En el Consell de Mallorca hay más de 1.000 plazas en esta situación. El porcentaje de interinos ha ido en aumento en los últimos años y en algunas administraciones, como el IMAS, se acerca al 80 % de los empleados. El objetivo del plan que ha iniciado el Govern es que la cifra de interinidad baje al 8 % una vez que finalice el proceso.