Un juzgado de Palma investiga por estafa a una princesa alemana acusada de vender una construcción ilegal en Santa Maria. La aristócrata ya ha declarado como investigada y negó que conociera que la posesión que vendió en el año 2014 estuviera afectada por varios expedientes de disciplina urbanística. La princesa ha sido denunciada por la familia que adquirió la propiedad por algo más de cuatro millones de euros. Los denunciantes sostienen que, cuando se ejecutó la compraventa, nadie les advirtió de la existencia de ilegalidades urbanísticas en la propiedad a pesar de que en el año 2010, cuatro antes de la venta, se había iniciado ya el expediente por parte del Consell Insular. Las irregularidades afectan a varias dependencias: el sótano, parte de la piscina e incluso a una pista de petanca construida en el jardín.
La orden del Consell es demoler las partes de la propiedad que son ilegales. Cumplir con esta orden supone, según los denunciantes, tener que hacer un desembolso de alrededor de 600.000 euros. A esta cantidad le añaden como perjuicio por la estafa, la pérdida de valor de la propiedad, por lo que la cantidad que estiman que ha sido defraudada por la princesa queda establecida en un millón y medio de euros. Los denunciantes aseguran que confiaron en la investigada por su posición social como aristócrata. La investigada, además, tiene un cargo directivo en una importante empresa inmobiliaria y vive a caballo entre Alemania y Mallorca.
La princesa declaró hace unas semanas en el juzgado de Instrucción. Su versión es que desconocía la mayor parte de las irregularidades urbanísticas que constan en el expediente y que sí que avisó de un posible problema con el sótano de la vivienda, por lo que rechaza que existiera un engaño a los compradores del inmueble. La investigación se encuentra en una fase inicial aún. Esta semana tienen que comparecer varios testigos para declarar ante la jueza, entre ellos, el arquitecto responsable de las obras. También tendrá que volver a declarar, por videoconferencia, el denunciante a petición de la defensa de la princesa alemana.
En paralelo a este procedimiento penal, los propietarios actuales de la finca de Santa Maria tienen abierto un procedimiento contencioso administrativo contra el Consell. Allí se discute la orden de demolición cursada por la Agencia en Defensa del Territorio que, en los últimos años, casi de manera automática, aplica la obligación de devolver los terrenos afectados por una irregularidad urbanística a su estado original. También tendrán que comparecer las personas que asesoraron la operación de compraventa para aclarar qué información se dio.
Otra vez se demuestra lo que hay. Los europeos haciendo sus chanchullos urbanísticos en Mallorca y los trabajadores de la isla sin poder acceder a una vivienda digna. Una Vergüenza!!!