En las Islas hay 146 salas de juego presenciales por cada millón de habitantes, casi el doble de las 75 que tiene de media el Estado, por lo que la idea del Govern ante este «preocupante índice», es «no ir renovando las licencias que caduquen» para así bajar de este rango máximo, ha explica el secretario autonómico de Sectores Productivos, Jesús Jurado. Y es que este jueves se ha reunido de nuevo la Mesa Social del Juego de las Illes Balears para poner en común las últimas actuaciones en esta materia que, indudablemente, pasan por la modificación de la Ley del Juego cuyo proceso parlamentario se está tramitando de urgencia para que pueda ser aprobada antes de que finalice, el próximo 3 de abril, el periodo ordinario del Parlament de esta legislatura.
«Creo que tendremos un consenso elevado que lo hará posible», ha declarado el conseller de Transición Energética y Sectores Productivos, Juan Pedro Yllanes, quien confía en el buen talante de todas las fuerzas políticas ante «una preocupación común». El portavoz de la Organización de Consumidores y Usuarios (OCU), Enrique García, que se ha desplazado desde Madrid para acudir a la reunión, ha advertido que el 22 % de los jóvenes de entre 14 y 18 ha jugado en alguna ocasión presencialmente, algo prohibido por ley.
Si bien ante esta alarmante cifra también ha señalado que, en caso de aprobarse, la normativa balear sería de las más ejemplarizantes del Estado. Uno de los mayores avances que presenta la modificación de la ley se refiere a la reducción de hasta 500 metros de distancia en que pueden abrirse este tipo de locales respecto a escuelas o zonas de ocio infanto-juvenil. Además, se apuesta por un mayor control de acceso a menores y se restringe la publicidad en el sentido de que se regula la apariencia de las salas de juegos para que no sean más atractivas.