Perplejidad, sorpresa, indignación y hasta «choteo», son las palabras utilizadas por los representantes sindicales de médicos y enfermeras de Baleares tras el «vodevil» político en el que se han visto arrastrados. «Que diga Més per Mallorca cuánta gente hay en categorías deficitarias, pero el IB-Salut y nosotros, que somos negociadores y participantes en las convocatorias, no lo sepamos… ¿Qué sentido tiene?», preguntaba ayer el secretario general del Sindicato de Enfermería SATSE, Jorge Tera.
El Govern anunciaba el miércoles que reducía a 15 las categorías de sanitarios que quedarían exentas de conocer el catalán por ser deficitarias pero no especificaba cuáles serían. Es más, la consellera de Salut, Patricia Gómez, admitía ayer que «no tengo la cifra de las plazas», porque en estos momentos «todavía se está analizando el detalle de las solicitudes».
Gómez no se atrevió a ser tan concreta como lo fue el líder de Més per Mallorca, Lluís Apesteguia, quien las cifró en 200. De ser un dato válido, se da por entendido, por ejemplo, que la categoría de enfermeras (un millar) deja de considerarse deficitaria, pero el sindicato profesional que las representa señala que «no tenemos ninguna información oficial de qué implica esta modificación, qué categorías son o no deficitarias y cuáles quedan exentas de acreditar el catalán».
¿Y hay enfermeras suficientes en Baleares? «Depende», señala Tera. «¿Si tienes 5.000 plazas y tienes 5.000 personas ya no es deficitaria? ¿Qué ocurre con las bajas, los permisos, o cuando nos obligan a coger vacaciones a todos en los cuatro meses de verano y quedan 150 contratos sin cubrir, como el año pasado?». El portavoz de SATSE señala, por ejemplo, que en Eivissa hay descubiertos a diario, así que «ya veremos qué dice el documento y las alegaciones o recursos que tengamos que hacer». Tera indica que en los últimos 3 o 4 años no han venido enfermeras de fuera y que en pandemia «ha habido un éxodo terrible» por el pleno empleo estatal.
El desencuentro político no ha tenido en cuenta a los profesionales a quienes afectaba el acuerdo que todavía no saben en qué forma lo hará. «Hemos hablado con IB-Salut que nos dijo lo que salía en los diarios, pero no sabemos cómo impacta». En cualquier caso, Jorge Tera se remite al posicionamiento clásico del SATSE: «sí a cualquier medida de fomento del uso de catalán siempre que no vete la libertad de acceso al empleo y que la gente pueda opositar en igualdad de condiciones. Luego ya veremos complementos diferidos...». Entre las enfermeras «hay nervios» porque la decisión tomada cambia las oposiciones. «La gente se ha presentado con unas condiciones y a la mitad de partida hay otras reglas».
Tasas ya pagadas
En el mismo sentido se postula el Sindicato Médico que señala que «no hemos pintado nada en este tema». Esta «veleta», advierte su presidente Miguel Lázaro, «genera inseguridad jurídica». En estos momentos, además, «no sé el criterio que decide cuál es un servicio deficitario y cuál no». Para más inri, señala, «hay que tener en cuenta como posible fraude las tasas pagadas por muchos opositores a una convocatoria con el catalán como mérito y a la que ahora, si es requisito, ya no pueden acceder».
Y es que muchos solicitantes (probablemente la gran mayoría) se han presentado a más de una plaza. Es uno de los argumentos que esgrime Salut para no actualizar la cifra de personas a las que se les exime ahora de acreditar el catalán. Los 200 que arguye Més se habrían calculado en base a las solicitudes presentadas pero no corresponden a un número de aspirantes. Por otra parte, en este momento del proceso se pide saber catalán pero todavía no hay que acreditarlo. Por este motivo, la consellera Patricia Gómez prefiere ser cauta y no dar información imprecisa. Además, «hay que ver cómo se trasladará jurídicamente para tomar las decisiones oportunas», dice. Lo que ya ha asegurado es que «la convocatoria no se modifica, se ha abierto y cerrado y ahora con las solicitudes, veremos qué modificaciones se pueden hacer».
La sensación de los sanitarios sobre lo que ha pasado estos días la describe Miguel Lázaro: «la presidenta Armengol toma una decisión política y el IB-Salut tiene que vestirla cambiando los argumentos, ha ido a rebufo de las decisiones contradictorias de la presidenta». Entre el colectivo se elucubra sobre si ha sido algo pactado para sacar rédito electoral de cara a la cita con las urnas del 28 de mayo o ha sido temor a que los recursos pararan el proceso. Lo que lamentan, insisten, es «la confusión y perplejidad» que ha dejado en todo el sector sanitario.