La Asociación de Clubes Náuticos de Baleares (ACNB) ha reclamado medidas urgentes contra la gentrificación de los puertos deportivos de Baleares y ha alertado de la presión de grandes empresas que «amenaza» con cerrar el acceso al mar de los residentes.
En una nota de prensa la ACNM ha lamentado la decisión del consejo de administración de la empresa pública Ports de Balears de iniciar el procedimiento de reversión y adjudicación de las instalaciones del Club de Vela del Puerto de Andratx (CVPA) en favor del Grupo Iniciatives Portuàries Miral de Mallorca (IPM), y ha hecho un llamamiento a las autoridades estatales y autonómicas para que desarrollen un marco legal que garantice la supervivencia de los clubes náuticos y el fomento del deporte.
La asociación ha acusado a la clase política de «dar la espalda» al proceso de gentrificación de los puertos deportivos de Baleares, donde «la presión de grandes empresas» amenaza con provocar la desaparición de los clubes náuticos y el cierre del acceso al mar de los residentes locales.
La ACNB ha explicado que la «situación de precariedad» del Club de Vela Port d'Andratx, a la que se suma la del Club Marítimo de Mahón, el Club Náutico de Ibiza y el Real Club Náutico de Palma, así como la pérdida del Club Marítimo Molinar de Levante, es «descriptiva» de una situación «gravísima» que exige la adopción de medidas urgentes.
«De lo contrario, los puertos públicos de Baleares se convertirán en el negocio privado de unos pocos y las Islas se verán privadas de un valioso patrimonio marítimo», han alertado.
Según la asociación, el consejo de Ports IB que este jueves validó la reversión del CVPA debió aceptar que la sentencia del Tribunal Supremo (TS) en la que se remite como sencillamente «inejecutable».
El puerto que hereda el Grupo IPM, han explicado, nada tiene que ver con lo que era cuando se convocó la licitación en 2002. Es cierto, admite la ACNB, que la resolución reconoce el derecho del grupo empresarial a ser «adjudicatario», pero también es cierto que la adjudicación debe ceñirse a las bases del concurso mediante la ejecución del proyecto presentado en su día.
El cumplimiento de esta exigencia, según la asociación, no es posible porque el CVPA ha realizado obras de gran envergadura que han cambiado por completo la fisonomía de la instalación.
«Pretender que el nuevo concesionario se quede con este patrimonio es tanto como reconocerle el derecho a obtener un beneficio económico que en absoluto le corresponde», han argumentado.
La asociación ha explicado igualmente que otro aspecto «crucial» que Ports IB «ha ignorado», confundiendo el derecho a ser adjudicatario del Grupo IPM con una «supuesta obligación de otorgarle la concesión», es que el proceso de licitación al que se refiere la sentencia jamás llegó a resolverse.
De hecho, ni siquiera se contestaron las alegaciones presentadas por las empresas concursantes contra la puntuación de la comisión técnica. «¿Cómo puede entenderse que el Grupo IPM es el ganador de un certamen que no fue legalmente resuelto?», han advertido.
La ACNB considera que los argumentos esgrimidos por la empresa pública Ports IB para la reversión y otorgamiento de las instalaciones del CVPA no responden a esta cuestión fundamental y ha anunciado que se personará en todos los procedimientos judiciales que se deriven de la impugnación del acto administrativo aprobado este jueves. «La indefensión que ha sufrido el club en todo este proceso es inadmisible y requiere una reparación proporcional», han señalado.
La asociación ha criticado el «nulo celo» de las administraciones para evitar que se produzcan en los puertos públicos de Baleares «claras situaciones de dominio de mercado» y ha recordado que el Grupo IPM explota en la actualidad tres puertos deportivos, dos varaderos y pugna por el control de 120.000 metros cuadrados en el Moll Vell de Palma.