La Conselleria d'Educació, tras pacificar las críticas sindicales en la enseñanza pública alcanzando un acuerdo de unos 50 millones de euros, también ha sellado la paz social en la concertada con un pacto valorado en 18 millones que garantizan la viabilidad económica de los centros. Los sindicatos y patronales que integran la Mesa Sectorial han ratificado este martes por unanimidad el nuevo acuerdo marco 2023-2027 de mejora de la enseñanza privado-concertada, que incrementa el dinero para el sector y avanza hacia la equiparación retributiva con la pública.
La revisión y actualización de los módulos de gastos en el funcionamiento de los centros escolares a partir de enero de este año es una de los puntos más importantes del acuerdo. El Consell de Govern aprobó el lunes este incremento de la financiación, valorado en 1,7 millones de euros, y que recibirán este año. «Supone un aumento del 7,5 % para 2023», según ha precisado el conseller Martí March. «Este concepto no se había incrementado desde 2008, exceptuando un pequeño aumento del 3,5 % el año pasado, y era necesario adaptarlo a la subida de los gastos y el nivel de vida», ha añadido.
El acuerdo prevé completar la aplicación de la equiparación retributiva con el profesorado de la pública, sin tener en cuenta los conceptos ligados a la antigüedad. Asimismo, se establece un calendario para pagar los sexenios en la concertada, una petición muy reivindicada desde hace años. El segundo sexenio se pagará a partir de este septiembre. También habrá una paga extraordinaria única de antigüedad al cumplir 25 años enseñando que compensarán con el cobro de los sexenios.
A partir del 1 de septiembre de este año, la actividad lectiva máxima semanal del profesorado de los niveles educativos de primero y segundo ciclo de ESO, Formación Profesional básica, media y superior, así como Bachillerato, será de 23 horas. A partir de enero de 2024 se firmará la ampliación del acuerdo de jubilaciones parciales del profesorado y se iniciarán las negociaciones para introducir nuevas mejoras que aligeren la carga lectiva y reconozcan la función tutorial.
Por otra parte, el acuerdo prevé negociar una reducción progresiva del número máximo de alumnos por aula a partir del próximo curso. Así como negociar una recolocación del profesorado de la concertada que se pueda ver afectado por la reducción de unidades a causa de la bajada de alumnos matriculados. El acuerdo ratificado también reconocerá como centros de atención preferentes a determinados centros privado-concertados a partir del curso 2023-2024.
«Sabor agridulce»
El principal sindicato de la concertada, USO Illes Balears, ha valorado el acuerdo ratificado con un «sabor agridulce», en palabras del secretario general, Ismael Alonso. «Cuando lo empezamos a negociar era un buen acuerdo porque trataba temas de fondo», ha dicho tras la reunión de este martes, pero ha confesado que, al ver el pacto conseguido en la enseñanza pública, el documento de la concertada «deja mucho que desear» por lo que respecta a las retribuciones. Alonso ha felicitado a los compañeros de la pública por haber conseguido dicho acuerdo.
Por su parte, el secretario general de la patronal Escola Catòlica, Toni Vives, ha afirmado que están «satisfechos en su justa medida» con el acuerdo. «Hay que tener en cuenta de que hablamos de reivindicaciones justas que, en el caso de los módulos, no se actualizaban desde 2008, exceptuando la pequeña subida del año pasado», según ha recordado.