La Conselleria de Transició Energètica, a través de la Direcció General d'Energia i Canvi Climàtic, ha iniciado expedientes sancionadores a 10 empresas de rent a car, con una propuesta de multa de hasta 3.000 euros a cada una, por no facilitar información sobre sus porcentajes de vehículos eléctricos o de cero emisiones durante 2022.
Actualmente, la Conselleria tiene registradas 139 empresas de alquiler de vehículos en Balears, con un total de 67.723 unidades, de las que 2.547 son libres de emisiones, un 3,7%. Este porcentaje es superior al que marca la Llei de Canvi Climàtic para este año, fijado en el 2,7 %. En todo caso, como existen 10 empresas que no han facilitado sus datos de 2022, se han iniciado los correspondientes expedientes sancionadores. Así, éstas suponen el 7,2 % de las empresas.
Transició Energètica seguirá requiriendo durante los próximos días a todas las empresas del sector la información de 2022 para comprobar quién cumple con la ley y quién no, y dará un plazo de un mes para que aporten todos los datos. En caso de que no cumplan y no sea por causas justificadas, se procederá a incoar nuevos expedientes.
No cumplir podría ser considerado una falta grave con una sanción de hasta 30.000 euros, según la Llei de Canvi Climàtic, que establece que para 2022 debía haber un mínimo del 6 % vehículos de cero emisiones en las nuevas adquisiciones y del 1,8 % en el conjunto de las respectivas flotas.
Una vez transcurridos los plazos, la Conselleria iniciará los expedientes sancionadores a las empresas que no han aportado la información y se propondrá una sanción leve (hasta 3.000 euros) y se reiterará la exigencia de información. Si siguen sin aportarla, la sanción, ya grave, podrá llegar entonces, como se ha dicho, a los 30.000 euros. Si persisten en ello, la sanción ya sería muy grave y podría llegar hasta los 200.000 euros. Cabe destacar que la actualización de datos puede realizarse a través de un formulario y por vía telemática.
Según fuentes de la Conselleria de Transició Energètica, «la voluntad de estos expedientes no es ni mucho menos recaudadora, sino de hacer cumplir la ley. No es justo que algunas empresas se muestren más comprometidas y cumplan con la obligación de informar, y que otras no hagan nada de eso. La ley es igual para todos. Además, la situación de emergencia climática nos obliga a todos a ser responsables y acelerar las actuaciones para mitigarla. Para ello, las empresas, en este caso las de alquiler de vehículos, deben ser realmente sostenibles y no fiarlo todo a una publicidad verde».